Expansión mínima garantizada
Estamos a tiempo para evitar que la ley 31207 siga perjudicando a los usuarios

21/Abr/2022|Opinión|

 

 

21 de abril del 2022

La ley 31207 es nociva, porque introduce una distorsión innecesaria en la relación precio-calidad del servicio de acceso a internet.

En vez de que los atributos de valor de este servicio sean regulados por las preferencias de los usuarios y la creciente competencia en el mercado, el Congreso de la República considera que una velocidad mínima garantizada [VMG] de 70% y una relación de descarga y carga de 3 a 1 ofrecen una “mejor” situación a los usuarios.

No es así, porque la norma ignora el incremento en costos que esto origina, lo cual afecta la velocidad contratada de los planes tarifarios disponibles en el Perú Conectado y la expansión de cobertura en el Perú No Conectado, es decir, exactamente lo contrario respecto del objetivo nacional de lograr un país más y mejor conectado, lo cual explica el contundente reparo a esta ley expresado en todo momento por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones [MTC], OSIPTEL y los operadores de telecomunicaciones de todo tamaño desde su discusión inicial en el Congreso [junio 2020] hasta su promulgación por insistencia [junio 2021].

El cronograma de adecuación definido por OSIPTEL para que los operadores eleven la VMG provista a los usuarios contempla 2 fases. La primera considera un alza de la VMG a 52% y tuvo lugar en marzo pasado, mientras que la segunda está programada para el próximo diciembre 2022, cuando la VMG sería elevada a 70% de forma definitiva.

Por lo tanto, estamos a  tiempo de frenar el manifiesto impacto nocivo de esta ley en perjuicio de los usuarios, reflejado -por ejemplo- en la reciente postergación de la licitación 4G a cargo de PROINVERSIÓN, que frena el avance en la expansión de cobertura en cada vez más localidades rurales en el país.

IMPACTO EN EL PERÚ CONECTADO

Perú es el 3º país en Sudamérica con menor penetración de internet fijo en general y menor presencia de FTTH en particular.

La tecnología FTTH tiene la capacidad de ofrecer velocidades mayores respecto a tecnologías previas como DSL o HFC, y además de forma simétrica, es decir, con una relación de 1 a 1 entre descarga y carga.

Por lo tanto, en vista del fuerte crecimiento en la demanda de velocidad de los usuarios desde el inicio de la pandemia, el objetivo nacional consiste en facilitar las condiciones para un mayor despliegue de redes FTTH, por ejemplo, mediante la expansión de la vigencia de la ley 29022 [2007] o el diseño e implementación de modalidades innovadoras tales como obligaciones regulatorias por conectividad FTTH.

En una dirección totalmente opuesta, de manera inevitable los mayores costos originados por la Ley 31207 inducen a los operadores a elevar los precios o a reducir las velocidades contratadas, ambas consecuencias poco deseables para los usuarios.

En contra incluso del propio enunciado de la ley, un importante número de operadores pequeños que proveen el servicio de acceso a internet en muchas ciudades del país no estarán en capacidad de asumir dichos mayores costos y no podrán -por lo tanto- sostenerse en el mercado, lo cual “destruirá” la creciente intensidad competitiva observada en los últimos años, tal como pronostica la Asociación Peruana de TV por Cable [APTC] en una elocuente  comunicación remitida al Congreso de la República, 1 mes antes de la promulgación de la ley.

IMPACTO EN EL PERÚ NO CONECTADO

Si bien las distancias se han acortado durante los últimos años, Perú exhibe aún una fuerte brecha de conectividad digital urbano-rural.

Al cierre del año 2021, mientras que en Lima Metropolitana o el resto urbano del país la población usuaria de internet asciende a 87% y 79%, respectivamente, en el ámbito rural este indicador se ubica apenas en 47%.

Además, encontramos una correlación significativa entre la penetración de internet fijo y el tamaño relativo de la población rural entre los departamentos del país. Por ejemplo, Lima Metropolitana carece de población rural y cuenta con una penetración en dicho servicio de 51%, mientras que en el otro extremo en Huancavelica 66% de la población reside en centros poblados rurales y la penetración asciende a apenas 3%.

Una vez más, ante la evolución del acceso a internet como un producto de primera necesidad, el objetivo de expandir la cobertura  a cada vez más centros poblados en el país tiene un alto sentido de urgencia, tal como queda reflejado en iniciativas como el canon por conectividad promovido desde el MTC desde el año pasado.

En sentido contrario, la aplicación de la VMG de 70% en el ámbito rural afecta la expansión de cobertura por los mayores costos de implementación asociados y porque las dificultades operativas para el despliegue de infraestructura originan riesgos regulatorios bastante sensibles, más aún en el contexto de la actual política de hiperinflación sancionatoria ejecutada desde OSIPTEL.

SIN SOLUCIÓN, LA BRECHA CONTINÚA

Debido a que nos encontramos en la cuenta regresiva   para la pretendida aplicación del VMG de 70% desde diciembre próximo, podemos esbozar 2 medidas concretas para mitigar su impacto negativo en perjuicio de los usuarios actuales en el Perú Conectado y de los usuarios futuros en el Perú No Conectado.

En el primer caso, la aplicación de la VMG de 70% y de la relación 3 a 1 entre la descarga y carga debiera ser acotada a la tecnología FTTH, por su capacidad para ofrecer velocidades mayores y además de forma simétrica, lo cual elimina de facto el sentido de la obligación regulatoria de 3 a 1 [simetría implica una relación 1 a 1 entre descarga y carga].

Esta medida evitaría la distracción de recursos en tecnologías precedentes [sobre todo HFC] o la exacerbación de riesgos sancionatorios por las limitaciones técnicas inherentes a dichas tecnologías para sostener una VMG de 70%, de manera que los operadores concentren sus energías en la expansión de redes FTTH, acorde con la creciente demanda de los usuarios por velocidades cada vez mayores.

En el segundo caso, la aplicación de la VMG de 70% debería excluir de plano al ámbito rural, para no introducir más frenos a la expansión de cobertura en un número creciente de centros poblados en el país, tal como ocurrió con el penoso caso de la recientemente postergada licitación 4G.

No estamos tarde. Sólo a través de incentivos en el sentido correcto podremos sostener el rumbo para acercarnos al objetivo de un país cada vez más y mejor conectado.