Bastante aspaviento es el que de manera inevitable ha despertado en las últimas semanas, el debate en torno a la renovación de la concesión para Movistar Perú.
Aspaviento muy comprensible, por cierto, considerando que tal renovación viene asociada al desembolso de un monto de dinero por parte del operador y que, en el fragor del debate, tenemos un “rango” para el cálculo de dicho monto, que fluctúa entre sencillamente no pagar nada (postura de Movistar) y pagar un monto de US$830 millones (cálculo realizado por Osiptel, transmitido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones).
A todos nosotros ciudadanos peruanos de a pie, nos interesa conocer cómo concluye este proceso, en particular para quienes son clientes de este operador, para conocer si el desenlace ha de tener algún impacto (¿negativo?) sobre los precios o la calidad de servicio que actualmente reciben.
A continuación abordaremos algunos conceptos, que esperamos puedan ayudar a entender mejor los elementos que rodean a la decisión final que tomen el Estado peruano y el operador en cuestión.
Exactamente, ¿qué estamos “renovando”?
La historia se remonta a los años 1991 y 1992 en que, como parte de la preparación de la privatización de las telecomunicaciones en el país, el Estado Peruano otorgó a CPT y Entel concesiones para la explotación del servicio de telecomunicaciones móviles en Lima y Callao y el resto del país, respectivamente.
A esto se suma una concesión similar otorgada también en el año 1991 para Lima y Callao a Radio Tele, operador que luego tomó el nombre de Tele 2000 y posteriormente Bellsouth, hasta que este operador fue comprado por la actual Movistar (en el año 2004), con lo cual esta concesión pasó a sus manos.
Todas estas concesiones contemplaron un horizonte de vigencia de 20 años, que precisamente se cumplen entre mayo 2011 y enero 2012. Vencido el plazo, ambas partes (Estado peruano y Movistar) deben definir los términos y condiciones para la renovación, incluyendo el monto de pago correspondiente.
Posición de Movistar: renovación gratuita
En su edición del 24 de agosto pasado, el diario El Comercio recogió declaraciones de voceros de Movistar, en el sentido de que “no corresponde pago alguno” bajo el argumento jurídico de que los “términos y condiciones” que los contratos de concesión contemplan para la renovación no incluyen un pago.
Al respecto, entendemos que los contratos no contemplaron un pago luego de vencidos los 20 años de concesión, por el interés del Estado peruano por aquel entonces de atraer la inversión en todos los sectores que habrían de ser privatizados (entre ellos telecomunicaciones), a lo cual se sumó que hace dos décadas el potencial de negocio de las telecomunicaciones móviles que hoy conocemos sencillamente no era siquiera avizorado.
Sin embargo, el hecho de que los contratos de concesión no incluyan el término “pago” no puede llevar a desconocer que los 50 MHz que están en juego tienen un valor para el negocio de Movistar.
Es decir, la concesión tuvo un horizonte de 20 años, y por tanto la evaluación financiera de Movistar (sobre la cual definió el monto que pagara en la privatización) debió considerar ese plazo, y no una concesión a perpetuidad, que es lo implicaría considerar la renovación gratuita argumentada por el operador.
Aplicado en este caso, la situación resulta perfectamente análoga al alquiler de cualquier activo. Es decir, por ejemplo, si una tienda comercial arrienda un espacio en un centro comercial por 10 años, no puede asumir que al día siguiente de vencidos dichos 10 años, ya no deba pagar más porque “ya pagó durante 10 años”.
Es decir, cuando Movistar resultó adjudicada en la privatización del sector (allá por el año 1994), el contrato estipulaba con claridad que la concesión tenía una vigencia de 20 años, sin un día más. Por lo tanto, que el operador siga utilizando el espectro radioeléctrico vencido ese plazo exige el reconocimiento de un pago al Estado peruano. No puede ser gratis.
Posición de Osiptel/MTC: US$830 millones
Basado en información provista por Movistar para otros fines (regulación de cargos de interconexión), Osiptel –regulador del sector- realizó a inicios del presente año a solicitud de MTC, una valorización de los 50 MHz de espectro radioeléctrico en manos de Movistar.
Recurriendo a una valorización bajo el método de flujo de caja descontado (internacionalmente reconocido como el método conceptualmente más robusto), Osiptel evacuó un cálculo de US$831 millones.
Como una referencia para discernir la validez de este cálculo, la teoría y práctica financieras consideran como método complementario el análisis de transacciones comparables de espectro radioeléctrico, tanto en Perú como en economías definibles como similares.
Si bien este concepto es aceptado sin dificultad por todos los profesionales financieros, es en la aparentemente sutil definición de cuáles pueden ser transacciones comparables, que Movistar encuentra un argumento de negociación.
En efecto, las transacciones similares en América Latina durante los últimos cinco años, muestran que el rango predominante para la asignación de espectro radioeléctrico se ubica entre US$10 y US$30 millones.
En particular, sostiene Movistar, Claro y Viettel fueron adjudicados 50 MHz por US$22 y US$27 millones en los años 2004 y 2011, respectivamente.
La sutileza acá es que, también recurriendo a la teoría financiera internacional aplicada para la valorización del espectro radioeléctrico, dicho valor para un operador totalmente entrante (los casos de Claro y Viettel, cada uno en su momento) es por definición ínfimo respecto al valor que pueda tener para un operador establecido, especialmente si este operador establecido tiene una cuota de mercado de 60% o más (cual es el caso de Movistar en Perú).
Y la razón, una vez más, es muy sencilla. Para la renovación en curso, Movistar dispondrá de una infraestructura técnica y comercial para cuya existencia ha invertido durante los 20 años de la concesión recientemente concluida. Por lo tanto, ahorrará toda esta inversión, mientras que un operador entrante sí deberá emprender todas esas inversiones, de manera tal que su disposición a pagar por la asignación de una banda de espectro será naturalmente menor al de un operador establecido.
Ante ello, nos queda consultar sobre transacciones comparables para el caso de operadores en renovación de sus concesiones. Y para ello, el caso más reciente corresponde a Ecuador, donde en el año 2008 Claro (allá bajo el nombre de Porta) y Movistar renovaron sus licencias por los montos de US$480 y 220 millones, respectivamente.
Es cierto que las formas aplicadas por el gobierno en el país no se caracterizaron por cuidar la formalidad jurídica que correspondía, pero el solo hecho de que ambos operadores decidieran renovar sus concesiones, es una evidencia llana y simple de que tales concesiones sí tenían ese valor para ellos. Nadie los obligó a renovarlas.
Realizando los ajustes correspondientes por el número de Mhz y el tamaño de mercado de los operadores en cada país (al año 2008), obtenemos un monto por alrededor de US$900 o 1 mil millones, es decir, algo más de lo calculado por Osiptel.
Si bien la muestra representativa de transacciones comparables no es especialmente robusta (sólo 1 país y 2 transacciones en éste), el caso nos da una pista de que el monto de US$830 millones calculado por Osiptel no es descabellado.
Más aún, la información financiera de Movistar muestra que el operador obtuvo en el año 2010 ingresos por US$1 350 millones. Descontados gastos por US$850 millones, obtenemos un EBITDA (aproximación del flujo de caja operativo) de US$500 millones. Y descontado esto de la inversión anual de US$240 millones, tenemos un flujo de caja libre (FCL) para la compañía de US$260 millones.
En el año 2005 (cinco años antes), el FCL ascendió a US$130 millones. Es decir, el monto total se duplicó en cinco años.
El gran motor de este crecimiento es el desarrollo tecnológico, que se traduce en el surgimiento de nuevos negocios y por tanto más ingresos por cada MHz, por lo cual prevemos que el FCL no hará más que aumentar cada vez más en los próximos años.
Por lo tanto, un monto en el orden de US$830 millones tendría un peso relativamente poco significativo respecto al potencial de negocios que Movistar habrá de generar en sus próximos 20 años de concesión.
Conclusiones: ¿tendremos los consumidores que pagar más?
Como parte de su estrategia de negociación, Movistar sugiere que el pago de un monto “elevado” motivaría una “inevitable” alza en las tarifas que cobra a sus clientes.
A nuestro modo de ver, ello no ocurrirá. Y una vez más, la razón es muy simple.
En los últimos años hemos advertido que el mercado de telecomunicaciones peruano se encuentra dramáticamente concentrado en 2 operadores, que comparten intereses en común y que por tanto se comparten como dominantes.
Sin embargo, en este caso no tendrían que comportarse en forma similar. Al contrario, la renovación de la concesión corresponde únicamente a Movistar, de manera tal que ante cualquier intención de elevar sus tarifas, no habría razón para que Claro no responda con una fuerte presión a la baja en los suyos.
Por lo tanto, el reconocimiento de un valor para el espectro radioeléctrico sobre la base del negocio que generaría para Movistar en los próximos años, no podría –muy a su pesar- ser trasladado a sus clientes. Por lo tanto, éstos no tienen de qué preocuparse.
Dicho esto, nos quedamos con una reflexión final.
El aún flamante Ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) se presentó el pasado 6 de setiembre ante la Comisión de Defensa al Consumidor en el Congreso de la República, donde planteó 2 grandes objetivos para el gobierno actual: la expansión de cobertura de telecomunicaciones en el país a través del despliegue de una red de fibra óptica nacional gestionada por un operador neutro; y la promoción de la competencia a través de la próxima adjudicación de la banda de 900 MHz a un cuarto operador, diferente a los tres operadores existentes.
Saludamos este anuncio, que demuestra que los objetivos de cobertura y competencia no se oponen entre sí (argumento esgrimido por Movistar durante una buena cantidad de años) y que, si expandimos lo decidido en la banda de 900 MHz a las siguientes adjudicaciones en las bandas de 1 700 MHz y 700 MHz, esto podría transformar la poco digna posición actual de Perú como el mercado de telecomunicaciones más concentrado en América Latina (con los precios más altos y la penetración más baja en banda ancha) en un mercado con un nivel de desarrollo más sano para el año 2016.
Confiamos, entonces, en que tales anuncios sean un buen augurio de las mejores condiciones que los usuarios de telecomunicaciones podamos recibir en los próximos años. Ojalá así sea.
Carlos Huamán Tomecich