Aunque a primera vista ofrece un beneficio sumamente atractivo para los usuarios, la meta propuesta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de elevar la velocidad mínima garantizada en el servicio de internet de 40% a 80% generaría un resultado exactamente opuesto, porque atentaría contra el embrionario ambiente competitivo en internet fijo residencial, y por tanto contra el objetivo principal en el sector (buen internet para todos).
Penetración y concentración
La posición de Perú en Sudamérica respecto a cualquier índice vinculado al ecosistema digital es siempre baja, debido a la magra penetración en internet fijo residencial (2017: Perú 7%, Sudamérica 12%), situación a su vez explicada entre otras razones debido a que es uno de los pocos servicios de telecomunicaciones con un alto nivel de concentración de mercado, y que por tanto no ha experimentado un proceso de sofisticación competitiva que conduzca a una mejora sustancial en su relación precio-calidad, en beneficio de sus usuarios (tal como observamos en servicios móviles, por ejemplo).
El problema
La cuota de mercado conjunta de los 2 operadores más grandes en internet fijo residencial en Perú es 94% (setiembre 2018), bastante mayor a los niveles de 71% (Chile) o 57% (Colombia).
Al respecto, vale la pena recordar que durante la década de 1990 –momento de surgimiento del servicio- Perú tuvo un solo operador dominante para telefonía fija y TV paga (cuyas redes sostienen el servicio de internet fijo residencial), a diferencia de lo ocurrido en el resto de Sudamérica, donde la existencia de operadores distintos en cada caso estimuló un robusto escenario de crecimiento competitivo cuyos beneficios rinden frutos hasta ahora.
Una política pública que mejore la competencia será entonces más efectiva y sostenible que una imposición regulatoria, tal como ocurrió hace apenas tres años, cuando la entrada de dos nuevos operadores móviles facilitó la eliminación de la discriminación entre llamadas on-net y off-net sin que OSIPTEL tuviera que intervenir con ninguna norma que resuelva esta distorsión del mercado.
Impacto (negativo) de la propuesta
El incremento de la velocidad mínima garantizada obligaría a los operadores a subir sus precios (mayor velocidad, mayor costo) o a reducir la velocidad contratada por sus clientes, en cuyo caso ambas partes pierden, los usuarios porque pagarían más o perderían la posibilidad de usar la velocidad nominal, y los operadores porque invertirían más para vender igual o menos. Nadie gana.
Más grave aún, esta medida afectaría severamente el embrionario proceso competitivo en el sector, donde existe un grupo de operadores de TV paga repartidos por todo el país, que durante los últimos años ha lanzado el servicio de internet fijo residencial (con una base de clientes en internet que estimamos en 30 o 40 mil suscriptores, 1% o 2% del mercado), que no podrían trasladar a sus clientes el incremento en sus gastos de conectividad, cuyos costos unitarios son de por sí son mayores que para los operadores grandes (debido a su menor escala).
Una mejor alternativa
En línea con la política actual de OSIPTEL para promover el empoderamiento del usuario y la regulación inteligente, la mejora en el servicio de internet no pasa por elevar la velocidad mínima garantizada, sino por exigir un alto nivel de información de los operadores a sus clientes sobre este indicador y todo lo que significa, de modo que se convierta incluso en un criterio de decisión de los usuarios al momento de elegir su operador.
En paralelo, ante una realidad de operadores de internet fijo residencial de baja escala, una política pública creativa podría diseñar algún mecanismo formal que reduzca sus barreras de crecimiento mediante incentivos transparentes para la integración (comercial, operativa, financiera) entre aquellos con mejores estándares de gestión, lo que podría incluso motivar un progresivo fenómeno de fusiones o adquisiciones. Sólo así podremos acercarse este mercado a un escenario competitivo similar al servicio de internet móvil, y que por tanto fortalezca el desarrollo del ecosistema digital en el país.