Organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), entre el 9 y 12 de julio próximo tendrá lugar el 19° Simposio Global para Reguladores de telecomunicaciones, en la lejana isla de Vanuatu, para tratar como tema de agenda el rumbo de la regulación ante la revolución digital.
Como premisa, UIT plantea la necesidad de una regulación flexible, ligera y colaborativa, y en el mismo sentido apunta un documento de contribución remitido por OSIPTEL a los organizadores del evento.
Vale entonces la pena revisar algunos pasos recientes en la política pública digital en el país, para formarnos una idea sobre si estamos caminando en esta dirección.
Revolución digital
Mientras la propuesta de valor de los servicios 4G está centrada en conectividad, con los servicios 5G el caso es diferente.
Una velocidad superior en 20 veces o más y una latencia mucho menor permiten la transmisión masiva de información entre personas, cosas o ambas, y por tanto estimulan el surgimiento de servicios basados en inteligencia artificial, internet de las cosas o similares (hogar digital, ciudades inteligentes).
Los casos presentados en la reciente CADE Digital 2019 o el actual proyecto de Escuelas Digitales promovido desde el MINEDU son apenas una referencia de lo que veremos cada vez más. Aunque no sabemos cómo (con qué servicios), sí sabemos que el crecimiento de la demanda de conectividad digital seguirá siendo exponencial.
Ecosistema digital
Según McKinsey, los mercados de fabricantes de equipos o dispositivos, operadores de telecomunicaciones y proveedores de contenidos o aplicaciones son cada vez más innovadores y competitivos, de modo que no está clara la forma en que sus modelos de negocio evolucionarán en los próximos años.
Por tanto, los operadores de telecomunicaciones enfrentan por tanto el desafío de un volumen de inversión sin precedentes en redes 5G con un nivel sensible de incertidumbre, no sólo sobre el retorno esperado de tales inversiones sino sobre sus propios modelos de negocio.
Regulación 5G
Según 5G Américas, a junio 2019 existen 15 redes 5G desplegadas comercialmente en el mundo, entre ella una en Sudamérica (Antel – Uruguay), de manera que esta nueva realidad está cada vez menos lejos.
Ante este escenario de mercados más innovadores y competitivos, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) propone como premisa para el simposio una regulación flexible, ligera y colaborativa.
Flexible para responder con agilidad ante cambios disruptivos en el mercado, ligera para evitar la necesidad de cambios frecuentes en la normativa y colaborativa entre todos los actores en el mercado.
En ese mismo sentido, según OSIPTEL la regulación deberá tener una dimensión colaborativa “sin precedentes”, que integre en forma permanente y alrededor de propósito en común a los proveedores de servicios digitales y a sus beneficiarios, es decir, a todos los otros sectores de la economía.
¿Estamos en el país caminando en el sentido correcto? Pasos recientes en la política pública digital ofrecen señales mixtas al respecto.
En el lado positivo, tenemos el caso del Comité Perú Digital (liderado por la PCM) o el Comité por la Educación Digital (liderado por el MINEDU), ambos con menos de un año de actividad y con una orientación multi-dimensional al más alto nivel (cada uno con 7 a 9 entidades de rango ministerial o similar), en el segundo caso incluso con la participación de IPAE en representación de la sociedad civil, todo lo cual estimula decisiones mejor consensuadas y por tanto con una mayor probabilidad de implementación exitosa.
En el otro lado de la mesa, tenemos el actual proyecto de ley de telecomunicaciones y TIC, que dista de ser flexible (propone un operador estatal, nada menos), ligera (36 funciones asignadas para el MTC) y colaborativa (involucra sólo a MTC, OSIPTEL y operadores de telecomunicaciones, a pesar de incluir conceptos como ciudades inteligentes o apropiación digital), de modo que no descartamos la necesidad de un replanteamiento importante, si aspiramos a una ley digital eficaz.
Esperaremos entonces con interés el resultado de este simposio, como guía para trazar el rumbo en la gestión de las autoridades digitales en el país.