Se suele definir el ecosistema de la economía digital como aquel conformado por la infraestructura de telecomunicaciones, la industria de tecnologías de comunicación e información (en software y hardware), y las actividades económicas y sociales desarrolladas a través de Internet, como el comercio electrónico, los contenidos digitales, entre otros.
A partir de lo anterior, y siendo transversales las tecnologías de la información y las comunicaciones a toda la economía, es posible identificar cinco partes fundamentales que interactuarían en la economía digital (también conocida como economía del Internet o No Collar Economy):
- Usuarios finales (cliente)
- Facilitadores digitales con insumos de infraestructura, comunicación, software y accesibilidad
- Disruptores digitales del mercado
- Compañías tradicionales en proceso de transformación digital (transformados)
- Áreas de soporte a las actividades económicas y sociales, facilitadas por los procesos de digitalización (gobierno, inversores, academia). Salvando las referidas áreas de soporte, todos los actores toman posición en la oferta o en la demanda del mercado digital.
Como antecedente a la generación de dicha dinámica de mercado, a nivel mundial, podemos identificar a diversos factores catalizadores, como el surgimiento del protocolo TCP/IP, el despliegue de redes móviles de telecomunicaciones, las nuevas tecnologías que optimizan el uso eficiente del espectro radioeléctrico, la penetración del servicio de acceso a Internet fijo y móvil, el aumento continuo en la capacidad de procesamiento de los equipos de computación, las nuevas técnicas algorítmicas, y los últimos desarrollos de inteligencia artificial, robótica, Blockchain y analítica de datos.
Estos factores han propiciado un explosivo incremento de aplicaciones y contenidos de todo tipo, que constituyen y facilitan la provisión de bienes y servicios sobre plataformas, lo que es, en sí misma, una expresión de la mencionada economía digital, cuyos alcances desbordan toda frontera social, geográfica o política.
Por otro lado, mientras que muchos países centran su atención en el desarrollo de dicha economía, respecto al Perú, cabría preguntarse: ¿cuál es la estrategia del Estado para desarrollar una economía digital que nos permita acelerar la transformación digital del aparato productivo, a través de nuevos modelos de negocio y el impulso de las innovaciones tecnológicas?. ¿Contamos acaso con una visión integral, y una adecuada articulación de políticas públicas del Estado, entorno a la economía digital?.
Lamentablemente, más allá de ciertas iniciativas esperanzadoras, como el proyecto de creación de un Viceministerio de las TIC y la reciente decisión de impulsar una única plataforma digital del Estado Peruano, lo cierto es que en el Perú se han venido generando esfuerzos aislados, que son insuficientes para construir, a través de una visión estratégica horizontal y holística, un ecosistema digital que genere impactos en toda nuestra economía, promoviendo que todas las industrias y, en general, los emprendedores se apropien de las nuevas tecnologías.
Es evidente que la economía digital no se instaura por decreto, ni se desarrolla por generación espontánea. En ese sentido, más allá de los esfuerzos que vienen realizando aisladamente ciertas corporaciones y algunos emprendedores, consideramos que el Estado debería estar llamado a construir, bajo una sólida alianza público-privada, el marco institucional y normativo necesario.
Por tanto, es necesario, no solo fomentar o incentivar la inversión y las iniciativas que impulsen transversalmente dicha economía, sino también que se mitiguen, a través de un marco regulatorio adaptado y flexible, las externalidades o efectos nocivos que, eventualmente, puedan generarse como consecuencia de ciertos desarrollos tecnológicos sobre los actores del mercado.
Así, conforme a la experiencia mundial, bajo el liderazgo de las autoridades más altas del Estado, es fundamental que se impulse un modelo institucional que centralice la generación de políticas digitales, impulsando la coordinación interinstitucional, entre los sectores público, privado y académico. Al respecto, cabe resaltar lo expresado por la CEPAL en ese mismo sentido:
«El éxito de las estrategias TIC depende de la consideración de una serie de factores como el desarrollo de una cartera de políticas coherente e intersectorial, el establecimiento de prioridades estratégicas y secuenciales, la participación de los principales agentes (stakeholders), el financiamiento e incentivos adecuados, la adaptación de los marcos regulatorios y legislativos para dar soporte a los objetivos y la aplicación de sólidas medidas de evaluación y supervisión».
Como se sabe, la dinámica derivada de la provisión de bienes y servicios a través plataformas electrónicas tiene un innegable efecto multiplicador sobre sectores verticales como transporte, financiero, salud, educación, telecomunicaciones, turismo, etc, así como con el impacto que pueden darse en sectores horizontales como trabajo y tributación.
En ese sentido, ese escenario nos debería conducir a la necesidad de establecer dichos canales de coordinación y orientación (ya comentados) sobre las funciones y servicios a cargo de las autoridades responsables de los sectores involucrados, objeto de una transformación digital.
Dicho lo anterior, es fundamental que se defina una visión integral y una adecuada articulación del Estado en torno a políticas públicas para el desarrollo de la economía digital en todos los sectores, integrando las mejores prácticas, a fin de avanzar en el fomento de la transformación digital.
De modo que será relevante fortalecer el futuro Viceministerio de las TIC con las competencias necesarias, a fin que lidere como ente rector, las acciones necesarias para cimentar, como base de una economía digital, la apropiación de las TIC por la sociedad, el impulso del gobierno digital y el desarrollo en el Perú de una industria TI.
El reto es inmenso, pero no imposible de alcanzar si existe en el actual Gobierno la decisión política para hacerlo.
