Con fecha 29 de noviembre de 2011 (hace 2 semanas), los ministros de Comunicaciones de Unasur(Comunidad Sudamericana de Naciones) se reunieron en Brasilia (capital de Brasil) para discutir unnaciente proyecto para la construcciónde una red de fibra óptica sudamericana (proyecto FOS).
Este proyecto forma parte de una inquietud desarrollada en CEPAL respecto a los pasos a seguir para reducir el costointernacional de acceso a internet actualmente incurridos por los países sudamericanos, que se ubican sustancialmente por encima de los estándares existentes en Norteamérica o Europa.
En esa medida, el proyecto FOS requerirá la homologación entre países de las políticas de desarrollo y de promoción de inversiones en el sector, que reduzca dramáticamente dicho costo internacional, y que por tanto facilite la masificación de la banda ancha entre las personas, comunidades y empresas en nuestros países.
Todo esto empieza recién pero, si los Estados nacionales lograr armonizar sus políticas, podría no tomar demasiado tiempo hasta que los sudamericanos percibamos los beneficios de esta iniciativa.
¿Por qué pagar US$40 si podemos pagar US$20?
Si todo sale bien, los sudamericanos tendremos mucho que agradecer a los chilenos, específicamente a sus autoridades en telecomunicaciones (encabezadas por Jorge Atton, actual Subsecretario de Telecomunicaciones), siendo que Chile detenta el mérito de ser el primer integrante sudamericano acogido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), desde el año 2010.
OCDE es un foro global que aglutina actualmente a 34 economías de Europa, Norteamérica, Australia, Japón y ahora Chile, siendo que la mayoría de sus integrantes son considerados parte del mundo desarrollado.
A propósito de esta reciente incorporación al OCDE, una de las primeras observaciones de Atton fue que el actual costo promedio de US$40 por Mbps que Chile asume para la salida internacional de internet, equivale al doble de los US$20 Mbps asumidosen promedio por los países OCDE.
Tomando en cuenta la contundente evidencia internacional sobre la contribución de la banda ancha al desarrollo de las personas, empresas y sociedades (máxime si son integradas con una sólida política educativa y de promoción de contenidos locales), Atton decidió llevar a la comunidad sudamericana una iniciativa orientada precisamente a tomar acciones conjuntas para que los costos de salida internacional en la región se reduzcan al nivel de los US$20 de OCDE.
No deja de ser irónico que la iniciativa regional proceda de Chile, siendo que este país cuenta con el menor costo de salida internacional de interne en Sudamérica.
En efecto, ni siquiera Brasil con sus grandes economías de escala (no es para nadie una sorpresa que este país tenga la más grande demanda de conectividad internacional en la región) logra precios promedio de US$40, y mucho menos los países medianos o pequeños de la región, que se ubican en niveles de US$80 o incluso más de US$100 por Mbps.
Siendo una iniciativa inequívocamente prometedora y siendo además que una de sus premisas es una activa participación de operadores privados, su concreción requiere una estructuración coherente tanto del modelo de negocio como de un novedoso marco normativo que lo acompañe.
El modelo de negocio
En nuestra opinión, la acogida de la iniciativa en Unasur ha contribuido hasta ahora a lograr en un plazo no extenso (menos de 2 años) un positivo nivel de consenso respecto a los principales componentes del modelo de negocio bajo el cual tomará forma.
En efecto, está muy claro para empezar que la propuesta de valor (desde el punto de vista privado y social) consiste en algo tan simple como ofrecer un mejor producto a un mejor precio.
Por supuesto, siendo que esto suena muy simple, nos surge naturalmente la interrogante por qué esto puede ocurrir ahora sí y antes no, y que además en el futuro pueda ser sostenible (empujón mediante).
Sobre lo primero, esta iniciativa es viable hoy sí y antes no, porque los volúmenes de demanda de conectividad de banda ancha se encuentran en una etapa de fuerte crecimiento, inexistentes hace apenas 3 o 5 años (según cifras internacionales, la demanda total de A. Latina creció nada menos que 15 veces entre los años 2006 y 2010).
A futuro, cierto es que Sudamérica, algunos países enfrentan restricciones de demanda por ingresos bajos (Ecuador), restricciones de oferta por geografías complejas que encarecen la inversión en el tendido de redes de fibra óptica (Perú, Brasil) o una trágica combinación de ambas (Bolivia, Paraguay) que limitan parcialmente la existencia y por tanto el aprovechamiento de dichas economías de escala.
En tales casos, no es descartable que los Estados nacionales apliquen en el corto plazo subsidios de oferta o demanda (algunos de éstos ya existentes, aunque más para redes locales que para redes de largo alcance).
Sin embargo, el crecimiento natural esperado en la demanda de conectividad (en 5 veces, también de acuerdo con cifras internacionales) yla aplicación de políticas de Estado que complementen a dichos subsidios con un tratamiento integral del concepto de “economías del conocimiento” (educación, contenidos locales o regionales), podrán impulsar el robustecimiento de la demanda hasta un punto en que el modelo de negocio sea plenamente sostenible sin necesidad de tales subsidios.
Respecto al financiamiento inicial, calculado en US$100 millones, el gobierno brasileño (país desde el cual se iniciaría la operación) no descarta acudir a agencias de desarrollo regionales (como BID) para que puedan tener algún grado de participación.
Hacia un marco normativo regional
La creación de un marco normativo regional es un paso inevitable para dar fluidez al desarrollo de esta red de fibra óptica sudamericana.
Y en ese sentido, mientras que –según mencionamos líneas arriba-la acogida de la iniciativa en Unasur ha contribuido a asentar fluidamente sus líneas matrices en un plazo corto, traducir éstas en un marco normativo regional a la medida requerirá la discusión de muchos detalles.
Empezando por el tratamiento de las concesiones (paso que jurídicamente podría resolverse con un acuerdo regional al cual los países de Unasur se adhieran) hasta las reglas para la interconexión y las consideraciones sobre otros costos (tasas contables, arbitrajes de tráficos) y plazos (de trámites) incurridos por los operadores, cada uno de estos detalles formarán parte de la agenda del Grupo de Trabajo sobre la Banda Ancha en América del Sur, creada también en la reunión de los ministros en Brasilia del pasado noviembre.
Pasos siguientes
La evidencia sobre la contribución de la banda ancha en el desarrollo humano, social y económico es innegable.
Innegable también es que lo más importante no es que exista la infraestructura de “banda ancha” (entendida integralmente como redes y centros de datos, para el transporte y alojamiento de contenidos, respectivamente), sino cuánto y cómo es utilizada.
En ese sentido, la máxima contribución de la banda ancha sólo puede ocurrir si las políticas del sector telecomunicaciones van de la mano con políticas educativas y de promoción del desarrollo de contenidos locales, que faciliten la adopción en las personas, comunidades y empresas de hábitos de uso de internet para el acceso a datos, información y conocimiento útiles para el mayor bienestar en su vida cotidiana.
Por lo tanto, en lo que al sector telecomunicaciones corresponde, queda en la región sudamericana una agenda pendiente bastante nutrida, en la cual los pasos iniciales parecen ir en el sentido correcto. Esperemos que la ejecución de los proyectos salve con creatividad y eficiencia las diferencias en las estructuras de mercado y normativas entre los países, y que luego –lo más importante- las políticas de banda ancha sean concatenadas con otras que permitan a Sudamérica traducir su posición como la región global con la mayor tasa de crecimiento económico en la última década, en una mejora sensible en sus estándares de desarrollo.
