La pandemia nos ha terminado de convencer a los peruanos de algo que otros países tenían claro desde hacía varios años: el alto impacto positivo de los servicios digitales en nuestras vidas.

Por tanto, si bien el fuerte crecimiento en el porcentaje de usuarios de internet en Perú de 57% a 70% durante el año 2020 (según INEI) tendría que ser una buena noticia, no lo es tanto si además consideramos:

  •  La presencia de fuertes brechas, con segmentos de la población según ámbito geográfico, nivel educativo, lengua materna, edad o discapacidad donde el uso se ubica apenas entre 30% y 40%
  •  La evidencia de que 80% de usuarios lo utiliza sólo para comunicación o esparcimiento, pero sólo 20% lo usa para actividades como educación remota, comercio electrónico, banca digital o trámites de gobierno digital
  •  El bajo nivel de digitalización de las pymes
  •  La subsistencia de 5 millones de peruanos residentes en localidades sin acceso a internet

A todo esto, podemos sumar que, según el Foro Económico Mundial (FEM), al año 2019 Perú es el 4° país más competitivo en Sudamérica, pero al mismo tiempo ocupa el último lugar en desarrollo digital.

Esta contradicción entre fuerte crecimiento en cantidad de uso y bajo nivel de calidad de uso de internet obedece a la inexistencia de una política pública que gestione en forma articulada la infraestructura (oferta) y la apropiación (demanda) como habilitadores para la masificación de los servicios digitales.

Por esta razón es prioritario que el nuevo gobierno disponga la creación del Ministerio de Desarrollo Digital (MIDIG) desde el próximo 28 de julio, más aún si a las brechas citadas arriba sumamos el crecimiento exponencial en servicios digitales previsto dentro de 3 o 4 años, con la entrada de servicios 5G y del internet de las cosas.

Los 2 viceministerios del MIDIG (Conectividad y Transformación Digital) asumirían ese rol de intensa coordinación, que corrija el actual divorcio entre el Viceministerio de Comunicaciones (opacado por la desbordante agenda del sector Transportes), la Dirección General de Digitalización en PRODUCE (enfocada mucho más en la formalización que en la transformación digital de mypes exportadoras) y la Secretaría de Gobierno Digital (SEGD) en la PCM.

De esta forma, una política pública digital articulada desde el MIDIG será eficaz para promover un desarrollo sostenible de los servicios digitales, de manera que no repitamos experiencias pasadas tales como:

  • Proyecto OLPC del MINEDU (2007), cuyo fracaso obedeció –entre otras razones- a que la entrega de tabletas no vino acompañada de un proceso de alfabetización digital docente
  • Proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) del MTC (2014), donde la inexistencia de REDNACE (demanda de conectividad por parte de las entidades del Estado) es una entre varias razones que explican el inminente retiro del concesionario actual
  • Proyectos regionales de conectividad digital del FITEL (hoy PRONATEL) en el MTC (2016-2018), donde en varios casos el postor ganador fue elegido según el número de tabletas ofrecidas para su uso en las escuelas de las regiones beneficiarias, sin considerar –una vez más- el respectivo proceso de alfabetización digital, ni tampoco la disponibilidad de contenidos educativos accesibles desde dichos dispositivos
  • El más reciente caso de las tabletas escolares del MINEDU (2020), que esta vez consideraron su entrega en centros poblados sin acceso a internet, nada menos

Si bien hace 2 años la PCM creó el Comité de Alto Nivel para la Agenda Digital al Bicentenario para facilitar tal articulación, todos sabemos que la velocidad en las decisiones de gobierno, de por sí lentas, suelen serlo más ante la inexistencia de un ente rector que lidere los espacios de encuentro multisectoriales.

El Grupo Técnico para el desarrollo de la Educación Digital (MINEDU) funciona mejor precisamente porque cuenta con la rectoría del sector Educación, pero no está concebido para crear sinergias con grupos técnicos digitales en otros sectores.

Es decir, la naturaleza transversal de los servicios digitales exige una intensa articulación de 360°, que comprenda a entidades del gobierno central, gobiernos regionales y locales, y además al sector privado, sociedad civil y academia, espacio que hoy sencillamente no existe.

Hacia atrás, por ejemplo, aunque muchos consideran la aplicación de un precio “alto” como la principal razón para el fracaso de la Red Dorsal, según la Corporación Andina de Fomento (CAF) este resultado obedece a la falta de diligencia del Estado Peruano para escuchar a los actores relacionados con este proyecto (operadores privados, empresas eléctricas, sectores sociales y productivos beneficiarios, gobiernos regionales o locales, entre otros), lo cual habría permitido un mejor uso de los USD 2 mil millones que costó en total este proyecto (USD 300mm en la RDNFO, y USD 1 700mm en las redes regionales).

Hacia adelante, si en algún momento decidiéramos en el país emprender el desarrollo de ciudades inteligentes, la sostenibilidad de este proyecto dependerá del liderazgo compartido entre el MIDIG y el Ministerio de Vivienda, y la articulación de ambos con gobiernos locales, proveedores tecnológicos, entidades públicas o privadas beneficiarias y otros actores relacionados al ecosistema urbano.

Además de contar con el empoderamiento necesario para la articulación de la política pública digital, corresponderá también al MIDIG el diseño e implementación de la política pública de apropiación digital (hoy inexistente), que consiste en guiar la formación de habilidades y competencias digitales en diferentes segmentos de la población (ámbito rural, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros), mediante una fluida colaboración con gobiernos regionales o locales y con organizaciones civiles relacionados a estos ámbitos.

Por último, a quienes pudieran expresar preocupación ante una potencial inflación ministerial, vale la pena recordar que, con toda probabilidad, la creación de MIDIG viene junto con la fusión de otros ministerios (Producción y Comercio Exterior, Transportes y Vivienda, Inclusión Social y Poblaciones Vulnerables, entre otros) y además requeriría un bajo presupuesto adicional, debido a que sus componentes provendrían principalmente de otros ministerios.

Finalmente, lo más importante. Salvo Chile y Perú, en ningún país de Sudamérica los sectores Transportes y Comunicaciones integran un mismo ministerio, situación que en el caso nuestro obedece a que allá por la década de 1970 (hace 50 años) ambos sectores consistían en el despliegue masivo de infraestructura.

El mundo ha cambiado, y nuestro país está despertando ante la 4° Revolución Industrial. El Estado debe ser una palanca y no un freno para poner a los servicios digitales al servicio de los ciudadanos, y para eso la separación del sector Comunicaciones de un sector como Transportes, con el cual lo une apenas uno de los componentes del ecosistema digital (infraestructura) es el paso inicial.