A manera de un buen cierre de año, el miércoles 16 de diciembre MTC y FITEL otorgaron 4 proyecto regionales de fibra óptica, que se suman a los 4 proyectos otorgados en marzo pasado. Según sus planes, otros 3 proyectos serían entregados antes de las próximas elecciones presidenciales.

De esta forma, el gobierno actual cerraría con 11 proyectos concesionados, la mitad de los 21 proyectos regionales originalmente concebidos, normados y diseñados (3 regiones del país excluidas por ahora, por dificultades geográficas o a la espera de redes de infraestructura de soporte alternativas).

Consideramos que este resultado es alentador, si recordamos que en Perú no es habitual que el Estado transforme ideas en el papel en realidad, aún si pasan diez años en el proceso.

Claro está, es importante ubicar estos proyectos en su debido contexto, como base para identificar los pasos siguientes que el próximo gobierno pudiera considerar.

Contexto: visión telecom país
Quienes respiramos digital, estamos convencidos que el ecosistema digital (telecomunicaciones, dispositivos, contenidos y aplicaciones) provee servicios útiles para mejorar nuestra calidad de vida personal, social, laboral o empresarial (y para que el gobierno brinde servicios a los ciudadanos!), y por tanto acorta el time-to-market para que Perú sea un país desarrollado, equitativo e integrado, o por lo menos más “OCDEable”.

La vida es cada vez más móvil, de modo que los peruanos deberíamos –más temprano que tarde- adoptar el uso de contenidos y aplicaciones móviles, que se soportan sobre redes de telecomunicaciones móviles, de acceso (antenas) y transporte (típicamente fibra óptica), de modo que es allí donde los proyectos regionales entran a tallar.

Desafío: visión digital país
Para ser útil al desarrollo país, el ecosistema digital requiere redes de telecomunicaciones accesibles y asequibles para proveer contenidos y aplicaciones a usuarios que adopten servicios digitales a través de dispositivos inteligentes, fijos o móviles y de acceso personal o público.

Por tanto, entendemos que los desafíos de política pública son:

  • Telecomunicaciones. En cobertura, que el Estado abandone la cultura “sacacuerpo”, por la cual el Estado (vía el ministerio) exige obligaciones (cuyo incumplimiento acarrea multas severas e incluso el cese de concesiones) y luego el mismo Estado (vía otros ministerios, gobiernos regionales o locales) no facilita a los operadores el cumplimiento de tales obligaciones. Además del caso de la expansión de antenas (todos los usuarios sufrimos un deterioro en la calidad del servicio móvil por la obstrucción municipal falazmente sustentada en una demanda ciudadana azuzada con mala información), algo similar ocurre con los proyectos regionales, que tienen que resolver por su cuenta el saneamiento de los predios exigidos para el despliegue de sus estaciones base, cuando eso debería resultar de una coordinación entre MTC y el Ministerio de Vivienda (vía COFOPRI).

Esto ayudaría con el time-to-market no sólo de los portadores regionales (Gilat y Winner Systems) sino, más importante, de aquellos que van a ser sus clientes para llevar banda ancha fija y móvil a las personas y empresas fuera de Lima, es decir, los operadores móviles y portadores metropolitanos, tales como Optical Networks, Fiberlux, GTD Wigo (potenciada con la reciente compra de Wigo Perú por GTD Chile), Olo, u otros que hayan desarrollado una buena base de crecimiento desde su operación en Lima.

 En competencia, una mejora en la relación precio-calidad superior en beneficio de los usuarios exige una pronta licitación de la banda 700 MHz, la regulación de roaming móvil nacional o la reducción de candados subsistentes para la portabilidad (claridad en la gestión de deudas de los usuarios portados, o incluso una portabilidad menor a un día).

Por supuesto, esto debe ir de la mano con que los portadores hagan las cosas bien y una mejora sensible en el servicio posventa de los operadores móviles (talón de Aquiles actual), mediante por ejemplo la implementación de plataformas digitales de información sobre facturación o cobros para sus clientes, para que este delicado tema deje de afectar la “experiencia cliente” que los operadores móviles valoran felizmente cada vez más.

Como cosa aparte, es preocupante el rumor de mercado respecto a la exclusión de la licitación de la banda 700 MHz de por lo menos un operador interesado en ser postor. Dado que conocemos la calidad técnica del equipo técnico de PROINVERSIÓN, entenderíamos que ello obedece a un procedimentalismo subsanable, y no a la intervención de una “mano negra” de la que sabemos PROINVERSIÓN es inmune.

  • Dispositivos de acceso público. Muchos países promueven el acceso a servicios comunitarios, tales como compartición de autos o bicicletas. Extrapolado a la realidad peruana, FITEL u ONGEI (o una nueva autoridad digital en el país) podrían coordinar con gobiernos locales, sobre todo en ámbitos demográficos de bajos ingresos, la implementación de dispositivos inteligentes en espacios públicos, al estilo MAC (potencialmente masificable) o en los Tambos Rurales del Ministerio de Vivienda (igualmente masificable).
  • Contenidos y aplicaciones. Junto con la educación digital (ver siguiente punto), esto representa uno de los aspectos menos avanzados en el país. El uso digital (cuantificable mediante el consumo de Mbps per cápita) es aún muy bajo, en parte por los altos precios históricos de la banda ancha (que van bajando) pero también porque los ciudadanos no exigimos su adopción, por no existir un conocimiento generalizado sobre su impacto en nuestra calidad de vida. Hablamos entonces de innovación, en cuyo caso la oferta crea la demanda (al estilo Apple), y por tanto una enorme oportunidad de que el Estado ejecute una inversión masiva en servicios de gobierno electrónico.

Por eso siempre hemos pensado, a diferencia de otros analistas digitales, que lo importante no es que sectores como educación, salud, seguridad ciudadana “entiendan” las ventajas del mundo digital, sino exactamente al contrario, es decir, que los actores digitales entendamos a otros sectores, para que la oferta por desarrollar contenga los atributos más útiles para los ciudadanos de “todas las sangres” (pensamiento Google).

Bien planteados, los servicios digitales pueden beneficiar a los jubilados (que no tengan que formar indignantes colas para cobrar su pensión mensual), a los taxistas (para facilitar sus permisos municipales), a los agricultores (acceso a información sobre precios o la cadena logística de sus productos), y por supuesto a los escolares o pacientes en establecimiento de salud privados y sobre todo públicos.

Naturalmente, esto exige una reforma del Estado que facilite la coordinación entre el Estado nacional, regional y local, y la creación de un ente rector digital, aspecto en el que hemos colaborado con unaamplia investigación por encargo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC) en un equipo que conformamos con Raúl Katz, prestigioso consultor internacional en telecomunicaciones. Esta iniciativa se encuentra actualmente en proceso, y estará a disposición del próximo gobierno, como una herramienta útil –entre muchas otras- para abandonar el estancamiento digital actual en el país.

  • Educación digital. El desarrollo económicamente sostenible del ecosistema digital exige que la generación de la oferta venga acompañada de la generación de demanda, es decir, que los ciudadanos le “saquemos el jugo” a los servicios digitales. El gobierno inicial ha iniciado una reforma educativa importante, que puede servir de base para ejecutar programas masivos de difusión, una vez más entre la autoridad digital y los gobiernos regionales o locales. Experiencias internacionales cercanas como Colombia o Chile pueden ser buenos referentes (para no ir tan lejos como Corea del Sur o Escandinavia), por supuesto acondicionadas a la realidad de la riqueza cultural de nuestro país.
  • Financiamiento. “No hay almuerzo gratis” nos enseñó Milton Friedman. Todo cuesta, de modo que el marco institucional (ente rector digital) y el financiamiento son claves para acelerar el desarrollo del ecosistema digital como palanca de desarrollo país. Los fondos de FITEL se van agotando, porque la disponibilidad de fondos por la recaudación de la futura licitación de la banda 700 MHz no está aún garantizada (por candados MEF que deben ser superados) y porque, lo dijimos hace 3 años, la renovación del contrato de concesión de Telefónica por S/. 3 000 millones debió implicar una recaudación en efectivo y no en “compromisos” de inversión que el operador en buena medida habría de ejecutar.

Pasos siguientes
Afortunadamente, las autoridades telecom actuales exhiben un nivel de compromiso con el sector bastante alto, como para que la ruta de desarrollo del ecosistema digital continúe más allá de la gestión actual.

Para que el próximo gobierno pueda gestionar los desafíos considerados arriba con un enfoque 360°, insistimos, es importante que la reforma del Estado que algunos candidatos han anunciado contemple la creación de un ente rector digital. Su forma precisa es debatible, pero es claro que mantener a telecomunicaciones separado de contenidos y aplicaciones en el Estado Peruano no es sostenible.

Veremos cómo nos va.

Artículo publicado en Semana Económica (20/12/15 – Pág. 26)