En sus primeras declaraciones públicas como virtual presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski ha enfatizado 4 prioridades de su futuro gobierno: seguridad ciudadana, pymes e informalidad, inversión social (educación, salud, agua) y reactivación económica (“destrabe” de proyectos de inversión).
Estos temas aparecen en el plan de gobierno de Peruanos por el Kambio (PPK), junto con otros políticamente menos visibles, entre los cuales vale la pena destacar el tema de ciencia, tecnología e innovación (CTI), en vista del reconocido retraso del país en dicha materia y su impacto positivo en nuestro desarrollo económico y social.
El caso de tecnologías de información y comunicaciones (TIC) es distinto, pues de un lado es alentador que PPK plantee un interesante conjunto de propuestas digitales, pero al mismo tiempo resulta inquietante que éstas no sean articuladas alrededor de una arquitectura institucional que viabilice su implementación.
Lo bueno
El plan de gobierno de PPK contempla 12 propuestas digitales, en inversión social, seguridad y gobierno, con un mayor énfasis corresponde en Educación (5 propuestas) y Seguridad (5 propuestas).
Particular atención merece la propuesta de un funcionamiento efectivo de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE), herramienta tecnológica implementada hace más de 5 años con una inversión mayor a los S/. 10 millones y con una difusión actual muy limitada entre entidades del Estado, de manera que el debate sobre su futuro tiene mucho más ingredientes no tecnológicos (estrategia, gestión) que tecnológicos.
De otro lado, es curioso no encontrar en el plan de gobierno de PPK una propuesta digital vinculada al ámbito económico, sea en infraestructura (más allá de contemplar el uso de la red dorsal nacional de fibra óptica, RDNFO) o en servicios (más allá de una ligera alusión a la promoción del comercio electrónico entre las pymes).
Si bien algunas de estas propuestas recogen proyectos previamente existentes (historia clínica digital, grilletes electrónicos), el número de propuestas digitales de PPK resulta bastante positivo (respecto a las 8 propuestas del partido político competidor en la segunda vuelta electoral, por ejemplo) y expresan una prometedora apertura para el aprovechamiento de las TIC en beneficio del desarrollo del país.
El énfasis en la implementación de soluciones digitales para instituciones educativas públicas es especialmente destacable, a la luz de la brecha actual en calidad educativa en el país y por un constructivo sentido de continuidad respecto de la reforma educativa y aspectos contemplados en el Plan de Diversificación Productiva y la Agenda Nacional de Competitividad desarrollados por el gobierno actual.
Lo mejorable
A fin de potenciar el impacto de las propuestas digitales contempladas en su plan de gobierno, haría bien PPK en contemplar otros aspectos del ecosistema digital, como infraestructura (fija y móvil), dispositivos o ciudadanía digital.
En infraestructura fija, si bien la RDNFO y las redes regionales de fibra óptica se encuentran encaminados con un financiamiento comprometido del Estado por más de USD 1 mil millones, existen 13 redes regionales pendientes de adjudicación, con un financiamiento del Estado por un monto adicional por lo menos similar, de manera que expresar un compromiso de continuidad en su implementación sería bastante saludable.
En infraestructura móvil, sería importante conocer algún planteamiento para responder al crecimiento esperado durante los próximos 5 años en por lo menos 10 veces en el tráfico de datos móviles (por ejemplo, algún lineamiento de política sobre la gestión del espectro radioeléctrico de cara al futuro desarrollo del 5G).
En dispositivos, si bien el plan considera la difusión de contenidos educativos sobre la plataforma de TV digital del Estado (TV Perú), podría haber también considerado la masificación de dispositivos de acceso público, localizados por ejemplo en municipios distritales y diseñados con un carácter integrador (habilitado para personas con discapacidad y en formato multilingüe, por ejemplo), para la gestión de trámites ciudadanos de diversa índole con el Estado.
Esto complementaría muy bien la iniciativa de servicios digitales municipales que el plan sí contempla, aunque si esto va de la mano del proyecto de espacios públicos con conectividad WiFi, ello asume un nivel de tenencia de dispositivos móviles de última generación (3G o 4G) que en los próximos años se encontrará aún alejada de la realidad de por lo menos 30% de la población en el país (concentrada sobre todo en localidades de preferente interés social).
Por último, aún si el país lograra altos estándares en conectividad, dispositivos y servicios digitales, su aprovechamiento será limitado si el Estado no emprende una agresiva estrategia de educación digital de la población, mediante una estrecha colaboración con los municipios, punto de contacto del Estado más cercano con los ciudadanos.
El desafío: enfoque digital 360°
Todo lo mencionado arriba nos lleva al aspecto más importante en la política pública digital: la institucionalidad, que viene de la mano con un marco normativo y un esquema de financiamiento claro y consistente.
La institucionalidad actual representa un obstáculo para el cumplimiento de las propuestas digitales de PPK o las mejoras potenciales aquí planteadas, por la inexistencia de un único ente rector a cargo de la política pública digital con un enfoque 360°, pues dicho rol se encuentra actualmente repartido entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico (ONGEI).
Mientras que MTC promueve la expansión de cobertura móvil y fija (política y gestión de espectro radioeléctrico, o diseño y concesión de redes de transporte y acceso en zonas no rentables -a cargo de FITEL), ONGEI promueve la difusión de servicios de gobierno electrónico en el Estado Peruano.
El desarrollo de la convergencia tecnológica sugiere que esta separación no es natural, pues la expansión de infraestructuras y el desarrollo de servicios son dos lados de la misma moneda, de modo que una gestión separada de la política pública en ambos casos es ineficiente para el Estado y los ciudadanos.
El resultado que heredará el próximo gobierno por la implementación de la ley 29904 (ley de banda ancha, 2012) ofrece un ejemplo bastante ilustrativo en ese sentido.
Dicha ley tenía 2 capítulos principales, dedicados precisamente a infraestructuras (RDNFO) y servicios de gobierno electrónico, bajo la responsabilidad de FITEL y ONGEI. Respectivamente, y transcurridos 5 años de vigencia de esta ley, sus resultados son bastante dispares.
De un lado, los proyectos de la RDNFO y las redes regionales de fibra óptica se encuentran en plena implementación, y su culminación y entrega final por parte del operador Azteca Comunicaciones está programada para este mes, plazo que según todos los indicios este operador cumplirá no sin dificultad. Si bien el próximo gobierno deberá implementar 13 proyectos regionales pendientes, podemos afirmar que el encargo de la ley 29904 en el ámbito de infraestructuras ha sido cumplido en forma razonablemente exitosa.
De otro lado, el desarrollo de servicios digitales en el Estado Peruano ha tenido una evolución dispersa, en tanto han resultado principalmente de iniciativas individuales de diversas entidades, cada una con una evolución bastante heterogénea, sin un criterio de priorización de inversiones con fondos del Tesoro Público y, lo más importante, con un bajo nivel de usabilidad por parte de los ciudadanos de a pie (¿cuántos vecinos del distrito de San Borja conocen los servicios digitales implementados por su municipio local?).
En otras palabras, así como la iniciativa para desarrollar un Plan Nacional de Infraestructuras sería una herramienta útil para trazar el horizonte temporal en el cierre de la brecha de infraestructura en el país, lo mismo ocurriría con un Plan Nacional de Digitalización -una evolución sobre la Agenda Digital 2.0 y el Plan Nacional de Banda Ancha (ambos del año 2012)-, cuyo éxito cuente con el liderazgo político del Presidente de la República y el liderazgo técnico de un ente rector actualmente inexistente.
Este ente rector debe albergar a los 3 componentes inherentes a una política pública digital: infraestructura digital (conectividad móvil y fija), gobierno digital (servicios al ciudadano) y economía digital (uso de las TIC para una mayor productividad de empresas y emprendedores), lo cual nos evitaría -por ejemplo- que la futura licitación de proyectos regionales de fibra óptica considere como factor de competencia el número de tabletas entregadas “vacías”, es decir, sin una plataforma de servicios digitales útiles para la población beneficiaria.
La forma precisa de la institucionalidad es perfectamente debatible. Puede ser un ministerio o un organismo descentralizado, pero en cualquier caso con autonomía técnica y financiera, y con un alto nivel de empoderamiento por parte del Poder Ejecutivo, pues deberá interactuar con entidades del Estado Peruano a todo nivel.
En ese sentido, la propuesta de PPK para la institucionalidad en el ámbito de las CTI es un buen referente, en tanto considera la complementariedad entre 3 instituciones:
- Un Programa de Asesoría Científica, como una unidad de la Alta Dirección en el Despacho del Poder Ejecutivo para orientar la política pública y velar por su cumplimiento;
- Un CONCYTEC fortalecido, para implementar dichas políticas; y,
- Un FONDECYT igualmente fortalecido, con mayor capacidad de financiar iniciativas privadas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)
Sin que deba ser necesariamente igual, este reconocimiento de que el éxito de una política pública en CTI exige “mentes”, “brazos” y “bolsillo” aplica perfectamente a las TIC, y la forma finalmente elegida deberá considerar –en cualquier caso- un alto nivel de consenso entre los diferentes actores en el ecosistema digital en el ámbito público y privado, aspecto en el cual PPK haría bien en considerar los avances liderados por el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) durante la gestión actual.
