Agenda legislativa telecom 2021: ¿qué podemos esperar?
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24/Jun/2021|Opinión|

Mientras que en el caso de la Presidencia de la República queda un tiempo más para la designación oficial, en el Poder Legislativo los congresistas 2021-2026 están oficialmente reconocidos, y se encuentran por lo tanto listos para ejercer su labor parlamentaria.

Para formarnos una idea sobre qué podemos esperar a nivel legislativo en el ámbito de conectividad digital, a continuación revisaremos la herencia que recibirán de sus predecesores.

Si bien iniciativas en esta materia pueden proceder de diferentes comisiones, centraremos nuestro análisis en la Comisión de Transportes y Comunicaciones (CTC), más cercanamente vinculada a la política pública emanada desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Durante el último año, esta Comisión ha gestionado 10 iniciativas, de las cuales 2 son ahora ley, 2 más se encuentran en espera para su discusión en el Pleno del Congreso y otras 6 se encuentran aún en la etapa de debate en la Comisión.

Si bien en perspectiva esta intensidad legislativa en conectividad digital es inédita, la mayoría de estas iniciativas refleja un severo desconocimiento sobre la forma en que el mercado funciona, de manera que las distorsiones que introducen superan con creces los aparentes beneficios proclamados para los usuarios.

Para muestra, 2 botones: la reciente ley que eleva la velocidad mínima garantizada (VMG) de 40% a 70% y el proyecto de ley aún vigente sobre la acumulación de datos en los planes móviles pospago.

DISTORSIÓN MÁXIMA GARANTIZADA

La reciente Ley 31207 (02-jun-2021) dispone 3 medidas:

  • Elevación de la velocidad mínima garantizada (VMG) para el servicio de acceso a internet de 40% a 70%
  • Fijación de una asimetría máxima de 3 a 1 entre la velocidad contratada de descarga y carga
  • Creación del Registro Nacional de Monitoreo y Vigilancia del Servicio de Internet (RENAMV) para la permanente supervisión de la velocidad del servicio provista por los operadores

Además, esta ley otorga a OSIPTEL un plazo de 60 días calendario desde su publicación (02-ago-2021) para crear la regulación complementaria correspondiente.

De forma similar a cómo ocurriría en el caso de una mayor VMG para automóviles en cualquier autopista urbana o interurbana, la necesidad de más “carriles” eleva los costos asociados a la provisión del servicio, lo cual crea la disyuntiva entre una indeseable alza de precios o (más probable) una reducción de las velocidades contratadas, es decir, un resultado exactamente opuesto a la favorable tendencia de velocidades contratadas cada vez mayores observada en los últimos años.

Dicho sea de paso, esta imposición de mayores obligaciones no guarda coherencia con el evidente aumento en la intensidad competitiva tanto en internet móvil como en internet fijo, reflejado además en una creciente disponibilidad de planes tarifarios con una capacidad de descarga ilimitada y con velocidades contratadas cada vez mayores, respectivamente.

Muy por el contrario, la eliminación de esta ley favorecería el sostenimiento de esta tendencia, o que incluso las diferencias en las VMG, la asimetría entre carga y descarga u otros indicadores asociados a la “calidad” del servicio evolucionen como variables de diferenciación competitiva entre los diversos operadores en el mercado, en especial para aquellos con cada vez mayor disponibilidad de redes de fibra óptica.

Por tanto, bien haría el legislador en dejar que el mercado mantenga la tendencia de mayores capacidades y velocidades, con lo cual cumpliría además con el objetivo de “fomento de la competencia” paradójicamente presentado como uno de los objetivos en esta ley.

CON MIS GIGAS NO TE METAS

Aunque el texto de la iniciativa legislativa no resulta del todo claro, la exposición de motivos permite entender que el proyecto de ley 6129 (04-set-2020) propone la “acumulación” de la capacidad de descarga “no consumida” cada mes por los usuarios móviles con planes pospago.

Esta acumulación no es matemáticamente posible, porque la intensidad competitiva sin precedentes alcanzada por el mercado móvil en el país (2° mercado más competido en Sudamérica, sólo debajo de Chile) ha impulsado una mejora en los atributos de valor para los usuarios, uno de los cuales corresponde a la disponibilidad de internet ilimitado en la mayoría de planes comerciales pospago, de modo que calcular una capacidad de descarga “no consumida” no es posible por la sencilla razón de que infinito menos cualquier número es infinito.

Sin embargo, aún si esto no ocurriera, tal acumulación de capacidad de descarga igual carecería de sentido, porque la drástica reducción en precios unitarios experimentado en los últimos años obedece a una gestión de costos operativos que equilibra la distribución del tráfico entre usuarios de alto y bajo consumo en cada mes, de manera que si este balance fuera eliminado de facto los costos subirían y enfrentaríamos una vez más la disyuntiva entre alza de precios o reducción de la capacidad de descarga incluida en cada plan tarifario, ambos casos desfavorables para los usuarios.

¿Tenemos entonces al frente un panorama completamente sombrío? Felizmente no, como veremos a continuación.

MÁS ALLÁ DEL DISCURSO

El proyecto de ley 7132 (15-feb-2021) representa una rescatable excepción a la regla, porque plantea propuestas específicas para lograr un Perú Conectado, a través de una mayor disponibilidad de fuentes de financiamiento y una mayor celeridad de trámites para el despliegue de infraestructura a nivel nacional.

Sobre lo primero, este proyecto de ley contempla 3 nuevas fuentes de financiamiento:

  • Reemplazo de hasta 50% de los actuales pagos por obligaciones (tasa por explotación comercial, canon por uso de espectro, multas) por compromisos de expansión de infraestructura
  • Sustitución de obligaciones de cobertura con el servicio de telefonía pública en áreas rurales (cada vez MENOS usado) por servicios móviles o internet (cada vez MÁS usados)
  • Promoción del apagado de redes por obsolescencia (redes 2G), para liberar fondos disponibles para la inversión en redes vigentes (redes 4G)

Estas propuestas exhiben 3 importantes fortalezas:

  • Reconocimiento de que el sector privado ofrece una capacidad de respuesta más ágil y efectiva que el Estado para acelerar la expansión de la conectividad digital en el país
  • Enfoque en las necesidades reales de los ciudadanos, para contar con servicios de mayor valor (servicios móviles, internet)
  • Creación de condiciones para cumplir con la necesidad pública e interés nacional declarada en buena parte de los otros proyectos de ley gestionados por la CTC

En buena cuenta, la mejor forma en que los futuros legisladores pueden contribuir con el objetivo de lograr un PERÚ CONECTADO no consiste en emitir muchas leyes sino, por el contrario, en aprobar muy pocas normas con medidas específicas (el PL 7132 es seguramente perfectible) y en desechar propuestas que no pasan de una declaración de buenas intenciones o, aún más grave, que introducen innecesarias distorsiones en el mercado, en perjuicio de los usuarios, sobre todo en el ámbito rural.