El mensaje de Jesús Guillén, Jefe de Proyectos de Telecomunicaciones de PROINVERSIÓN, en el panel regulatorio del Telecom Forum Perú 2016 (4 y 5 de octubre) giró en torno a 2 metas: predictibilidad regulatoria y flexibilidad legal.

La predictibilidad regulatoria está asociada a reglas de juego claras, y en ese sentido saludó el anuncio del Vice-Ministro de Comunicaciones Carlos Valdez respecto a una nueva visión en el MTC para incluir el desarrollo de servicios digitales.

La flexibilidad legal está asociada a la necesidad de que los contratos de concesión contemplen el impacto del cambio tecnológico sobre los modelos de negocio de telecomunicaciones, mediante cláusulas que reduzcan las barreras de salida o que facilite el cambio de regímenes tarifarios.

Predictibilidad regulatoria

Guillén comentó que la regulación sensible para los inversionistas puede ser específica para telecomunicaciones y general para otros sectores.

Respecto a la regulación específica en telecomunicaciones, Guillén resaltó que “a diferencia de años anteriores” ahora puede responder “con énfasis” a los inversionistas que la política pública del sector ofrece una visión claramente establecida por el Vice-Ministro Valdez para los próximos 5 años “y eso es lo que quiere un inversionista”.

Guillén explicó que algo similar ocurre con el marco regulatorio a cargo de OSIPTEL, institución que puede exhibir resultados en mejora de la competencia, consolidación de mercado, gestión de la supervisión, y además claridad sobre los desafíos futuros.

Más aún, comentó que puede “cerrar con broche de oro” esta sustentación ante los inversionistas, al explicar que en el futuro el MTC no sólo verá telecomunicaciones sino además TIC, de modo que en adelante el enfoque de la política pública no se limitará a la infraestructura, sino que atenderá la demanda que dicha infraestructura requiere, mediante servicios de tele-educación o tele-salud, u otros.

Además, Guillén planteó la necesidad de que la autoridad del sector incorpore en su agenda pendiente las definiciones de política pública en aspectos consultados por los inversionistas sobre la regulación del espectro radioeléctrico vinculada a servicios 5G (uso de bandas licenciadas o no licenciadas) o basados en Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), lo cual requeriría una actualización del Plan Nacional de Asignación de Frecuencias (PNAF).

Sobre la regulación multi-sectorial, Guillén citó 3 motivos de preocupación de los inversionistas:

  • Regulación cultural, con impacto en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, debido a que “Perú está lleno de restos arqueológicos”
  • Régimen de propiedad, también con impacto en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, debido a vacíos legales sobre la propiedad de locaciones utilizadas para os proyectos FITEL
  • Regulación de la salud, por el impacto supuesto de las antenas de telecomunicaciones en la salud pública, y por tanto en la disposición de las autoridades locales para facilitar su despliegue

Según indicó, el gobierno actual viene trabajando en estos temas, y expresó confianza en que la actual delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo podría facilitar la emisión de normativa que ayude a resolverlos, y que por tanto facilite el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones para el cumplimiento de la política pública de cobertura universal.

Flexibilidad legal

Guillén explicó que los proyectos de telecomunicaciones gestionados por PROINVERSIÓN ofrecen una particularidad respecto a proyectos en otros sectores, en el sentido de que la velocidad de cambio tecnológico exige que los contratos de concesión –cuyos plazos de concesión son extensos, entre 10 y 20 años- contemplen cláusulas que faciliten la inversión privada en 3 aspectos:

  • Posibilidad de cambio durante los primeros 3 o 5 años de la concesión (según sea el caso)
  • Baja barrera de salida
  • Regímenes tarifarios flexibles

Guillén agregó que “ahora tenemos un gran problema”, porque el marco legal de la promoción de inversiones tiene un carácter general, por lo cual lo que funciona para proyectos en sectores con una menor velocidad de cambio tecnológico no es aplicable a proyectos de telecomunicaciones.

Sobre la posibilidad de cambio en los contratos de concesión, una vez más expresó su confianza en que las actuales facultades legislativas del Poder Ejecutivo lo contemplen.

Sobre la baja barrera de salida, consideró relevante considerar situaciones donde el cambio tecnológico induce que el modelo de negocio del concesionario entra en declive, y por tanto requiere que el contrato considere su salida del mercado.

Por último, consideró imprescindible la flexibilización de regímenes tarifarios aplicados a los proyectos de FITEL, pues si bien han funcionado en forma aceptable en proyectos previos, las tarifas de acceso a la red aplicadas en la Red Dorsal y las redes regionales son únicas, lo cual “puede representar una barrera de entrada al sector”, debido a que no consideran la práctica comercial habitual de tarifas con descuento por volumen o por distancia del transporte.