Se requerirá de mayor infraestructura, lo que implica mayor inversión de parte de las empresas, y en consecuencia, un aumento de costos que se trasladaría a un incremento de precios al usuario
Este lunes 26, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso agendó para su debate el proyecto de ley 5398/2020-CR, el cual busca garantizar que la velocidad mínima de conexión a Internet sea al 90% de lo contratado a favor de los usuarios.
Esta Comisión, que ha sido la única a la que se ha derivado la propuesta, sesionó con presencia de José Aguilar, director de políticas y regulación en comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC); Rafael Muente, presidente de Osiptel; y Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec).
En específico, este proyecto plantea que “los proveedores de acceso a Internet de banda ancha garanticen el 90% de las velocidades ofrecidas en su publicidad y en los contratos suscritos con los usuarios, sean estos postpago, control, prepago u otras”. Además, se detalla que “la velocidad mínima garantizada se consigne con claridad y en forma destacada en la publicidad comercial y en los contratos”.
También se dispone que el Osiptel brinde a los usuarios herramientas de medición de las velocidades de bajada y subida por la banda ancha, así como también que junto al MTC pongan “en vigencia las modificaciones a las normas de rango reglamentario que requieran adecuarse a esta norma en un plazo de 60 días hábiles”.
En la actualidad, según se explica en la exposición de motivos de la norma, las empresas operadoras están obligadas a prestar un servicio en el que la velocidad mínima corresponda al 40% de la máxima contratada.
APUNTES
Carlos Huamán, director de DN Consultores, señaló que esta norma muestra un desconocimiento por parte del Congreso de cómo funciona el mercado y, a partir de ello, los beneficios para los usuarios.
“Lo que busca el propio mercado es promover una mayor competencia para que así los usuarios tengan más beneficios. La velocidad debe ser una variable que motive a la competencia y que ellos [los usuarios] se ocupen de ver quién ofrece mayores beneficios, entre ellos la velocidad”, indicó.
En esta línea, Huamán refirió que si se eleva la velocidad de este servicio de manera regulatoria o con una norma del Congreso se ejerce una presión que implica que la infraestructura de las redes crezcan y, por defecto, otros factores.
“Mayor infraestructura implica mayor inversión de empresas, en consecuencia, un aumento de costos y, por ende, un aumento de precios al usuario”, manifestó.
Leonie Roca, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN) -que a agrupa a los operadores Bitel, Claro, Entel y Movistar-, también coincidió en que cumplir con estas disposiciones “cuesta”.
“Si tú quieres diseñar una carretera para que los carros se trasladen a 100 km/h necesitas construir varios carriles. Esto implica un costo para las empresas que, al final, se traduce en un gasto fiscal o en un incremento de la tarifa de los usuarios, pero de algún lado se tiene que cubrir [ese gasto]”, explicó Roca, agregando que figuran otros factores en el proceso de mejora de infraestructura.
“Los tendidos [de red] son caros. Además, en su proceso de tendido y colocación se enfrentan varias trabas burocráticas. Por ejemplo, en los tendidos, cada 1.600 km se tiene que hacer un estudio de impacto ambiental (EIA)”, añadió.
Sobre la norma en general, Roca agregó que le han hecho la observación a la comisión del Congreso de que -en caso de concretarse- su aplicación debe ser progresiva, por sus propias características estructurales. Esta, en específico, demandaría “entre cuatro años, aproximadamente”, detalló.
La presidenta de AFIN también dijo que observaron ante el Congreso que la aplicación de la norma sea para dispositivos con tecnologías modernas, es decir,“4G para arriba”, así como que su aplicación sea para contratos nuevos, pues sería inconstitucional intervenir contratos en curso.
AVANCE EN LOS AÑOS
Poe su parte Huamán, indicó que el precio del megabyte/segundo ha tenido una tendencia a la baja en los últimos años, lo que refleja el funcionamiento del mercado.
“En el caso del Internet móvil, quienes tienen planes postpago han obtenido mayor capacidad de descarga y los prepago han recibido más datos para navegar por el mismo precio. Ahora, en el caso del Internet móvil, donde importa la velocidad, sin que movamos un dedo, los beneficios de los planes han subido porque los operadores no tienen opción ante la competencia y eso es lo que activa el mercado”, indicó.
La velocidad no mejora por normas del Congreso, sino porque el mercado funciona. Es fruto de la mayor competencia”, remarcó Huamán.
Ahora bien, el director de DN Consultores indicó que, ante el incremento del acceso al Internet en las redes residenciales producto de la cuarentena, las operadoras tendrán que invertir en ampliarlas, pues «el elemento de la crisis sanitaria se introduce como un factor» en este rubro.
“Hoy con las personas realizando teletrabajo, las redes empresariales tienen poco flujo porque las personas usan las residenciales. ¿Qué significa? Que los operadores deberán invertir en el segmento residencial”, subrayó.
Por último, Roca refirió que, en la actualidad, el nivel de acceso a Internet que se tiene es el que -en condiciones sin COVID-19– recién se tendría en diciembre del 2021.
Artículo original publicado por El Comercio (29/jul/2020)
