El 58% de distritos limeños obstaculiza montado de antenas para celulares. Persiste aplicación subjetiva de normas en comunas
Es en medio del caos y la crisis que se suele tomar consciencia de la importancia de los servicios básicos, como el agua, de la necesidad de tener autoridades eficientes para resolver carencias y de lo vital que son las comunicaciones fluidas para organizarse y afrontar los desastres naturales. En los últimos días, lamentablemente a la fuerza, hemos descubierto todo lo que nos falta.
En el campo específico de las telecomunicaciones fue evidente la diligencia para reconectar las zonas afectadas. Pero más allá de los daños en la infraestructura, para los expertos del sector quedó claro, una vez más, que tenemos un déficit en redes y que se necesita como mínimo el doble de antenas de celulares para dar un servicio aceptable a los 35 millones de líneas móviles activas.
Entre este y el próximo año, los operadores han ofrecido invertir US$3.000 millones en redes e ir así revirtiendo los US$6.884 millones en déficit que, según cálculos de la AFIN (Asociación para el Fomento de la Inversión Privada), existen. Pero no basta el anuncio: se necesita que los municipios autoricen su ejecución.
Fernando Cáceres, presidente ejecutivo de CpR (Contribuyentes por Respeto), informó que a lo largo del 2016 solo nueve de 42 municipalidades limeñas analizadas fueron facilitadoras del montado de antenas, otras nueve fueron semiobstruccionistas y el 58% (las 24 restantes) se dedicaron solo a obstaculizar.
Miedos y atrasos
En el ámbito normativo, vale aclarar, hubo progresos. José Miguel Porto, socio de Montezuma & Porto, considera que, desde que en abril del 2015 se publicó el reglamento de la ley para la expansión de infraestructura en telecomunicaciones, los procedimientos de aprobación automática permiten que el trámite sea más expeditivo. El problema está en que no todos lo aplican o cumplen.
Las barreras sí se han reducido en el 2016 y se ha podido ejecutar más, pero no al ritmo deseable, añade Nino Boggio, gerente legal de Entel. De hecho, de las 50 u 80 solicitudes para montar antenas que presentan los operadores al mes, un 30% son denegadas y se convierten en denuncias por barrera burocrática ante Indecopi, precisó Juan Rivadeneyra, director de marco regulatorio de Claro y vocero de AFIN.
¿Se necesitan más o mejores normas para evitar las barreras municipales? Carlos Huamán, director de DN Consultores, considera que la solución no es normativa, sino que pasa por montar políticas de incentivos para los municipios que sí cumplen lo dispuesto por la ley.
Cáceres añade que la intensificación de campañas gubernamentales para cambiar la percepción de la antena como un riesgo para la salud será fundamental, pues los municipios ponen barreras casi siempre por la presión de los vecinos que temen recibir radiaciones dañinas. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), agregó, ya ha realizado setenta foros sobre el tema, pero se requieren más.
Los especialistas coinciden en que todavía se pueden dictar algunas normas adicionales, como un nuevo plazo para la regularización de las antenas ya instaladas para evitar que estas sean desmontadas, pero eso no es lo urgente. Más autoridades eficientes que cumplan y dejen de crear barreras, claman todos.
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Artículo original publicado por El Comercio