Una vez aprobado del Reglamento de la “Ley de Antenas”, además de agilizar los trámites, es menester propiciar la compartición de infraestructura o la existencia de terceros que monten una red y la alquilen a diferentes operadores.
Al respecto, según el MTC, en el país hay registradas 9 empresas proveedoras de infraestructura pasiva que podrían atender a los actuales operadores.
Sobre la compartición de redes –un operador alquila parte de una torre a otro operador–, en el Congreso existe un proyecto de ley (N° 03600/2013-CR) que propone la obligatoriedad de esta práctica.
Según Carlos Huamán, CEO de DN Consultores, las limitaciones para el despliegue de antenas inhibe la disposición de los operadores para compartir su infraestructura entre sí.
Sin embargo, el tema de fondo va más allá de lo normativo, es una labor del Estado (no sólo del MTC) para crear una conciencia social sobre los beneficios de la banda ancha móvil para la masificación de aplicaciones sociales vinculadas a educación, salud, gobierno electrónico, entre otros.
El pequeño gran detalle es que esto resulta más un rol de política pública TIC que de telecomunicaciones. Mientras no exista una autoridad TIC suficientemente empoderada, poco probable que las cosas vayan a cambiar.
En este sentido, resulta oportuno considerar la propuesta del Consejo Nacional de la Competitividad (CNC) acerca de crear una Agencia Digital.
