Nota original publicada en DPL News el 07 de septiembre

Pedro Castillo, el nuevo presidente de Perú, ha declarado que la conectividad será un componente prioritario de la política pública, con la intención de convertirlo “en un derecho” para todos los ciudadanos. El reto para la nueva administración se encontrará en brindar la conectividad para hasta 10 millones de ciudadanos que aún no cuentan con Internet, además de ofrecer mejores servicios para quienes ya los tienen.

Mediante un nuevo estudio, DN Consultores señala que la nueva administración deberá establecer una nueva estrategia de conectividad que contemple impulsar las inversiones, abaratar el costo del espectro, mejorar la asequibilidad de dispositivos y servicios e impulsar la alfabetización digital.

El estudio señala que para satisfacer las necesidades de conectividad en el país, se requiere de la expansión de infraestructura por parte de los operadores. Sin embargo, también advierte sobre la presión actual en los ingresos, que contrae la expansión de la inversión. Durante 2020, los ingresos del sector retrocedieron 11 por ciento año con año.

Para liberar más recursos destinados a infraestructura, DN Consultores destaca la importancia de ampliar el conocido “canon por cobertura”, que permite a los operadores intercambiar las contribuciones por concepto de espectro radioeléctrico, a cambio de ampliar la infraestructura móvil. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) amplió el canon de 10 a 40 por ciento.

“El éxito de esta medida sugiere la conveniencia de elevar progresivamente el tope porcentual aplicado a la modalidad de canon por cobertura, y además extender su uso a otras obligaciones económicas incurridas por los operadores de telecomunicaciones, tales como la tasa de explotación comercial o incluso las multas impuestas por el Osiptel”, agrega la consultora.

En cuanto al espectro, el estudio cuestiona el estado actual en que se encuentran bandas relevantes para servicios 4G y 5G, como lo son la AWS-3 y la de 2.3 GHz, que están en proceso de adjudicación mediante la modalidad de proyectos en activo por parte de Proinversión en febrero de 2020.

Al respecto, considera que el MTC debe desarrollar “una revisión integral de los avances hasta el momento en el proceso de licitación de 90 MHz en estas bandas, y en virtud de ello evaluar la posibilidad de integrarlas con la licitación de 300 MHz en la banda de 3.5 GHz”.

En ese sentido, considera que sumada esta capacidad a los 200 MHz sujetos a reordenamiento también en la banda de 3.5 GHz, “una licitación integrada de 590 MHz crearía las condiciones para lograr una asignación eficiente de espectro radioeléctrico, en términos del incremento de capacidad adjudicado y los compromisos asumidos por cada operador”.

Respecto a la asequibilidad, el estudio reconoce que los precios de servicios de telecomunicaciones en Perú ya se encuentran entre los más bajos de la región, por lo que también se deben considerar estrategias y programas que mejoren la asequibilidad de los dispositivos.

“La creciente sofisticación de los contenidos transmitidos a través del servicio de Internet fijo o móvil requiere dispositivos con funcionalidades cada vez más sofisticadas, de manera que la evaluación de su asequibilidad debe considerar el precio del propio servicio y de los dispositivos que permiten acceder a él”, añade.

Adicionalmente, la estrategia sobre asequibilidad tendría que ser actualizada regularmente para la adición de nuevos dispositivos de conectividad a 4G y 5G, e incluso, aquellos relativos al Internet de las Cosas (IoT).

Finalmente, en cuanto a alfabetización, DN Consultores señala que pese a la existencia de programas de educación como Aprendo en Casa o el establecimiento de Centros Comunales Digitales, estos carecen del impacto necesario al no existir una entidad que les dé estructura bajo una estrategia única.

Al no existir una política nacional de alfabetización digital en el país, podría explicar que Perú sea el tercer país en Sudamérica con menor penetración de uso de Internet, y además que el desinterés o desconocimiento del servicio sea la principal razón de no uso para más de la mitad de los no usuarios del servicio.

“La formalización de un ente rector en alfabetización digital permitiría la complementariedad de estas iniciativas con programas orientados a otros segmentos de población vulnerables con una penetración de uso aún menor al ámbito rural, tales como personas con discapacidad, adultos mayores y ciudadanos cuya lengua materna sea diferente al castellano”, explica la consultora.