Tras haber sido sancionada por el tribunal de la OSCE, Telefónica no podrá participar en ningún concurso estatal durante los próximos seis meses. Esto tendrá efectos no solo en sus estados financieros, sino también en la relación a mediano plazo con el Estado.
En el 2018, las ventas totales de Telefónica del Perú fueron de S/8.096 millones y las ventas al Estado sumaron S/287 millones, es decir 3,5% de los ingresos de la compañía.
Si bien la sanción es para nuevas ventas de servicios al Estado y no afecta a lo ya contratado y comprometido, impacta en la imagen del grupo, pone una pausa en algunas iniciativas y puede generar recelo en los socios para la gestión de nuevas acciones sociales.
Carlos Huamán, director de DN Consultores, precisó que las consecuencias se pueden extender más allá de los seis meses. Si bien no pueden concursar hasta diciembre, los contratos que se realizan son, por lo general, para brindar servicios por tres años. Eso quiere decir que quien no gana o no concursa pierde a un cliente por un período más largo que el medio año de sanción.
“Sí existe un impacto natural, dado el tamaño relativo de este operador en el mercado. Siendo, además, que en la mayoría de los servicios que ofrece al Estado, este operador actúa en mercados competitivos, lo que deje de vender podrá ser tomado por sus competidores. Y aquí lo importante es que las relaciones comerciales suelen tener un horizonte de largo plazo”, indicó.
Telefónica ha sido históricamente el mayor proveedor de servicios de telecomunicaciones del Estado. En el 2017, ganó el 63% de los procesos en que participó (174 de 275); y en el 2018, el 69% (218 de 317 procesos), con lo que sumó en los dos años S/473 millones.
Artículo original publicado por El Comercio p.26
