Ante todo, debemos explicar el título: si usamos el término “solución”, es porque encontramos un problema.
El problema es que, los términos de la renovación de Telefónica (TdP) tal como fueron divulgados por el Estado Peruano, no han sido bien acogidos prácticamente por nadie. Y en esas condiciones, sin el aval ciudadano, el Estado no puede firmar lo anunciado.
Entre observadores de mercado, salvo algún tibio entusiasta porque el proceso llegó a un “resultado final”, difícil encontrar a alguien que se haya manifestado claramente a favor de los términos del acuerdo. Y entre la ciudadanía en general, la hoguera está encendida (basta visitar las redes sociales para dar fe de ello).
A ello ha contribuido una mezcla explosiva de:
– (fondo) Un Estado Peruano que otorga un subsidio implícito por 3 mil millones de soles para la expansión de la cobertura de la brecha de infraestructura en el país a un solo operador (monopolio), cuando el marco normativo contempla que ello ocurre mediante un esquema competitivo de proyectos diseñados por FITEL y concursados por PROINVERSIÓN (ver http://bit.ly/XUMkUM); y
– (forma) Un por lo menos “curioso” ping-pong mediático entre un ministro preocupado por subrayar la supuesta “aceptación incondicional” de TdP, y la disforzada respuesta de “resignación” de ésta ante las “duras condiciones” que le han sido impuestas; episodio que ha ofendido a muchos peruanos.
Por ejemplo, para quienes siguen la bolsa de valores, y aún cuando la acción de TdP ya no es tan líquida y por tanto tan representativa como tiempo atrás, verificar que ésta ha subido 10% en una semana sugeriría que el mercado no está tan “seguro” de que las condiciones sean precisamente “duras”.
Entonces, siendo que existe un problema, es necesario encontrar una solución. Y es con un grano de arena que en ese sentido intentaremos aportar algunas ideas en las próximas líneas, no sin antes intentar entender cómo así llegamos a la insostenible situación actual.
¿Qué ocurrió en el proceso?
A diferencia de lo que el ministro Paredes ha afirmado, la renovación de TdP no es en esencia un caso complejo. Es un caso intrínsecamente técnico-normativo, cuya solución requería un marco normativo consistente y un equipo técnico solvente que lo sepa aplicar. Ambos elementos existen.
De un lado, la Ley 29904 (junio 2012) dispone que (Disposición Complementaria Final Primera):
“Artículo 3.- Recursos del FITEL
Son recursos del FITEL:
1. …
7. Recursos de fuente contractual que el Estado obtenga como resultado de los términos y condiciones que sean pactados en los contratos de concesión de servicios públicos de telecomunicaciones. Estos recursos… serán destinados exclusivamente al financiamiento de redes de transporte de telecomunicaciones.”
Texto bastante claro.
Por otro lado, basta revisar las credenciales de los profesionales en MTC y Osiptel, empezando por quienes los encabezan, para reconocer una trayectoria solvente en investigación académica y en gestión pública.
Siendo eso así, ¿por qué estamos donde estamos? A nuestro entender, porque el Estado Peruano decidió, equivocadamente, “resolver” un caso esencialmente técnico en forma política, con lo cual llegamos a un resultado sencillamente inconsistente en ambas dimensiones.
Dicho esto, a continuación planteamos algunas posibles salidas al entrampamiento actual, en tres niveles: marco conceptual, qué hacer y qué no hacer.
Marco conceptual: enfoque en estrategia digital país (Colombia, Chile)
A diferencia de hace 20 años, telecomunicaciones ya no es un sector que “baile con su pañuelo”.
Fruto de la convergencia tecnológica, la voz ha cedido el espacio a internet como el servicio predominante en el sector. Y como internet sirve “para todos” (personas, empresas, Estado) y “para todo” (desarrollo personal, competitividad en negocios, eficiencia en gestión pública), surge un concepto denominado “ecosistema digital”, en el cual las telecomunicaciones se ubican al medio.
Estar al medio significa que las telecomunicaciones tiene un impacto sobre las personas, los negocios y la gestión pública en ámbitos tan amplios como la educación, salud, seguridad, banca, producción, desarrollo de las pymes, y ni qué decir específicamente de las políticas de inclusión social.
Por lo tanto, las políticas públicas en telecomunicaciones tienen ahora un impacto inédito sobre el desarrollo de los ciudadanos, y como tal deben ser parte de una estrategia país y no de un sector específico.
Con esto no decimos en realidad nada nuevo, y basta recoger la experiencia de 2 países vecinos líderes en estrategias nacionales de digitalización en Sudamérica para una mayor claridad: Colombia y Chile.
Colombia fue elegida el año 2012 como el país con la mejor política de telecomunicaciones en el mundo (http://bit.ly/WjoBOR) gracias a Vive Digital (http://www.vivedigital.gov.co/), estrategia digital del país en ejecución desde el año 2010. Vive Digital incluye aspectos tales como:
– (Aplicaciones) Lanzamiento de aplicaciones a cargo del Ministerio de Agricultura con información productiva relevante para agricultores (http://www.siembra.gov.co/), herramienta inclusiva en la realidad mucho más que en el discurso;
– (Conectividad nacional y metropolitana) Implementación acelerada conjunta de una red dorsal nacional y de redes 4G (ambas en procesos de licitación competitivos, el primero de ellos con un operador neutro “puro”);
– (Conectividad residencial) Cambios en la normativa de construcción urbana, para facilitar el tendido de redes locales de banda ancha en edificaciones nuevas;
– (Dispositivos) Eliminación de aranceles para computadoras y dispositivos móviles, y desarrollo de facilidades de financiamiento en la compra de éstos para estudiantes y pymes
Como podemos notar, las telecomunicaciones se ubican al medio en la estrategia digital del país (sin conectividad, los ciudadanos no podrían acceder a los contenidos y aplicaciones mediante sus dispositivos), de modo que su despliegue bajo un procedimiento competitivo es un elemento absolutamente natural (y hasta casi obvio) en la estrategia.
Chile va aún más allá, con la declaración del año 2013 como el año de la innovación, como eje importante del país para llegar a ser un país desarrollado (sin pobreza) en el año 2018.
El enfoque del Estado Chileno sobre la innovación consiste en potenciar la iniciativa de las personas con el uso de las tecnologías a todo nivel, incluyendo naturalmente a las tecnologías de información. No es por ello casual que, como parte de este proceso, el país haya creado las condiciones para el surgimiento de “Chilecon Valley”, red de emprendimientos con el cual el país apunta a convertirse en el centro tecnológico de Sudamérica en los próximos años.
Naturalmente, esta dinámica de mercado es favorecida por un entorno en el que Chile goza de los mayores niveles de penetración y precios más bajos en internet en Sudamérica, en un mercado reconocido como el más competido en la región (ver recuadro en el gráfico adjunto).
Estos 2 casos de países vecinos que llevan la delantera en internet, nos ayuda a reconocer que las políticas de telecomunicaciones son ahora parte de una estrategia digital de alto impacto en el desarrollo del país, y que por tanto políticas de competencia sanas en el sector son fundamentales para promover redes físicamente accesibles y económicamente asequibles (pagables).
Qué hacer: el espectro radioeléctrico tiene valor (Ecuador)
Sobre el uso de espectro radioeléctrico por parte de los operadores de telecomunicaciones, el Estado debe resolver 2 preguntas: ¿cuánto cobro? y ¿cómo cobro?
En una reciente columna en el diario El Comercio (http://bit.ly/WjoBOR), el presidente de AFIN (gremio de empresas privadas de infraestructura, liderado en el sector de telecomunicaciones por TdP) afirma que “la ley… no hace mención de un pago determinado por el espectro radioeléctrico”.
También en una reciente entrevista televisiva (http://bit.ly/WIm6ny), tuvimos oportunidad de comentar que, en efecto, el contrato-ley de TdP del año 1994 ignora el reconocimiento de un valor monetario para el espectro radioeléctrico, porque la explotación económica de ese recurso en aquella época era aún muy magro (recordemos que la telefonía fija alámbrica, que no usa espectro radioeléctrico, era el servicio predominante por aquel entonces).
El mundo ha cambiado, y hoy el espectro radioeléctrico tiene un valor sustancialmente más alto que hace 20 años, y esto ocurre en todos los países del mundo, que cada vez licitan más bandas de espectro radioeléctrico 3G y 4G, para atender la explosiva adopción de tecnologías móviles por parte de las personas, empresas y gobiernos.
En términos financieros, las metodologías predominantes para valorizar el espectro radioeléctrico son bastante conocidas (flujo de caja descontado y comparativo internacional), de manera que es honestamente poco comprensible sostener que el “el espectro radioeléctrico no debe ser pagado”.
Más aún, dentro de los matices en las técnicas de valorización de espectro radioeléctrico, el caso donde el valor es el mayor corresponde a un operador dominante en renovación (el caso de TdP).
Dicho esto, la cifra de 3 mil millones de soles despeja aparentemente la interrogante sobre ¿cuánto cobro?
El inconveniente surge respecto de la otra pregunta que el Estado debe resolver: ¿cómo cobro? Y allí también, las prácticas internacionales plantean 3 opciones: 100% en efectivo, 100% durante el período de asignación del espectro radioeléctrico, o una combinación de ambas opciones.
Uno de los pocos casos comparables a la renovación de TdP ocurrió en Ecuador 2008, donde específicamente Telefónica pagó un monto de USD220 millones por 15 años de renovación, por los 35 MHz de los que disponía y los 3 millones de suscriptores que atendía por la época en el país.
Fuera de que al ser ajustado al caso de TdP en Perú (18 años de renovación de concesión, 60 MHz y 19 millones de suscriptores), obtenemos una cifra similar a los 3 mil millones de soles anunciados, lo importante es que en Ecuador el pago se repartió 50% en efectivo y 50% durante el plazo de concesión (en ningún caso en “compromisos de inversión”).
Sin tomar el caso como una receta exacta, esta experiencia nos puede dar una luz sobre una solución al problema actual: un porcentaje importante de pago inmediato, y otro tanto repartido entre los 18 años de concesión, como un tratamiento normativo particular aplicable al caso de la renovación del operador dominante en el país.
Qué no hacer: compromisos de inversión
Lo que acá mencionaremos resulta directamente de lo mencionado en los acápites previos, pero de todos modos vale la pena reiterarlo, en aras de la claridad de nuestra argumentación.
El pago por el derecho de uso del espectro radioeléctrico no sólo es una práctica internacional establecida, sino que además no puede conceptualmente ser reemplazada por “compromisos de inversión”, en tanto ello distorsiona la competencia en el mercado, con el consecuente impacto negativo de largo plazo sobre el desarrollo no sólo de las telecomunicaciones sino de (la estrategia de digitalización) del país.
Conclusiones: todos ganamos
En resumen, tomando en cuenta el marco normativo vigente y referencias internacionales relevantes, el Estado Peruano puede ponerse de acuerdo con TdP para registrar un cobro inmediato por un monto que fluctúe entre 40% y 60% de los 3 mil millones de soles anunciados, dejar el saldo restante para su recaudación durante los 18 años de concesión, con eso respaldar el financiamiento de USD300-400 millones requeridos por el proyecto de la red dorsal nacional, y disponer en el reglamento de la Ley de Promoción de Banda Ancha (de pronta aprobación) que Telefónica no pueda participar como postor, por no ser operador neutro sino todo lo contrario (operador dominante mayorista y minorista en el país).
Si el Estado Peruano procede de esa manera, todos ganamos.
– Gana MTC. Por resolver un caso técnico en forma técnica.
– Gana Osiptel. Por evitar introducir una costosa e innecesaria distorsión de largo plazo (18 años!) en sus procedimientos de fiscalización.
– Gana el resto del Estado Peruano digital. Porque la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que alberga a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico (ONGEI); RENIEC (que debe masificar la firma digital), la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), que debe pisar el acelerador luego de la reciente promulgación de la Ley de Dinero Electrónico (Ley 29985, enero 2013); y por supuesto los programas sociales TIC de MINEDU, MINSA y MIDIS y los programas productivos TIC para pymes de PRODUCE; todas estas entidades y otras serán beneficiadas por un entorno en que la conectividad en competencia no sea una barrera sino un impulsor de desarrollo económico y social en el país.
– Gana Telefónica. Por recuperar algo que necesita con urgencia: el respeto de la ciudadanía. En la vida, el respeto emerge de hacer las cosas bien. Y pagar por un recurso que genera muchos ingresos, es hacer las cosas bien. Y como las personas somos personas y no sólo bolsillos, mucho aportaría si el presidente de la compañía en el país saliera a la luz a pedir disculpas públicas por el disforzado gesto mediático de “resignación” ante las “duras condiciones” de la renovación, que ha ofendido a muchos peruanos. Muchos aplaudiríamos un dignísimo gesto como ése, sin tapujos.
– Ganan emprendedores digitales. Porque un mercado de conectividad nacional en competencia impulsará la demanda de servicios electrónicos en el país, lo cual reforzará el surgimiento de una oferta que el Estado Peruano podría promover en forma más explícita (al estilo Colombia o Chile).
– Ganamos los ciudadanos. Porque el gobierno aplique algo que tiene ya listo: un marco normativo (Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha), virtuoso por promover en forma simultánea la expansión de la cobertura y la competencia, algo inédito en el marco normativo de los últimos 20 años, y que puede ser un punto de quiebre para que (todos) los peruanos tengamos en un futuro no lejano, acceso a un internet veloz, a buenos precios y abundante.
Estamos a tiempo.
