El mercado de telefonía móvil ha crecido bastante en los últimos años. El clima de (in)seguridad ciudadana también. Eso no implica que lo primero determine lo segundo.
Sendas iniciativas normativas han dado forma al Registro de Abonados Prepago (RAP) que, lejos de mejorar la seguridad ciudadana, podría contribuir a deteriorarla. A continuamos explicamos por qué.
Las cifras: telefonía móvil arriba, seguridad ciudadana abajo
A diferencia de banda ancha, servicio bastante rezagado en Perú (ver http://bit.ly/VgNNb2), el mercado de telefonía móvil ha crecido bastante en los últimos años.
En el período 2007-1S12, las líneas móviles crecieron de 15 a 34 millones (28 millones en modalidad prepago), con lo cual la penetración llegó a 116%, de modo que Perú es el 5° país con mayor penetración en Sudamérica.
Fuente: SIT DN Consultores
De esta forma, la masificación de la telefonía móvil contribuye con el desarrollo y bienestar de los ciudadanos para actividades nobles como salvar vidas (ante el evento de cualquier emergencia de salud, accidente vial, incendios, entre otros) o innobles (cualquier forma de delincuencia).
Al contrario de esto, la situación de la seguridad ciudadana en el país (prevención de violencia pública y delincuencia) es preocupante.
Perú es el país más inseguro en Sudamérica (~40% de la población adulta fue víctima de algún delito en el año 2011) y, relacionado con esto, en los últimos años la delincuencia ha desplazado al desempleo como el principal problema del país, en la percepción ciudadana (20% contra 19%, respectivamente).
Fuente: Latinobarómetro 1995-2011
Si a estas cifras sumamos otras que muestran el porcentaje de la población que considera que el gobierno “no hace nada” por mejorar la seguridad ciudadana (45% a marzo 2013 versus 36% a noviembre 2011, según la encuestadora Datum), entonces entendemos que quiera “hacer algo” al respecto.
Lo que no queda claro es por qué “hacer algo” tenga que significar el Estado traslade a otros los costos y responsabilidades inherentes a su rol de velar por la seguridad ciudadana en una forma que, además, introduce un riesgo que –paradójicamente- atenta contra los propios objetivos de seguridad ciudadana.
Las normas: costos y riesgos
Mediante normas sucesivas en los últimos años, el Estado ha creado para los operadores móviles la obligación de mantener el RAP, los procedimientos para tal fin, y un régimen de sanciones ante posibles incumplimientos de la obligación o los procedimientos.
Los operadores móviles se han opuesto a estas normas con varios argumentos, entre ellos:
– Los operadores móviles no controlan a los canales de comercialización
– Los abonados no tienen mayor interés en el RAP (compran a su nombre equipos para personas de confianza, no reportan el robo de sus equipos)
– Los delincuentes difícilmente compran líneas móviles a su nombre
Más allá de estos argumentos, encontramos 2 aspectos a nuestro entender no suficientemente meditados por la autoridad:
– La distribución de costos y responsabilidades;
– (paradójicamente) El potencial impacto negativo del RAP sobre la seguridad ciudadana
Respecto a los costos y responsabilidades, la seguridad ciudadana es, entre otros, un rol inherente al Estado y, por tanto, los costos asociados deben ser asumidos por éste y no por otros.
Ya tenemos bastante los ciudadanos con asumir costos –por ejemplo- con el típico caso de guardianía privada en nuestras cuadras, como para además asumir costos adicionales por la gestión del RAP, que sean trasladados por los operadores a sus abonados de una u otra forma.
Por ejemplo, siendo sumamente tentadora, la iniciativa de RENIEC para que los operadores móviles utilicen sus dispositivos de verificación biométrica (identificación mediante la huella digital) no es realista, debido a los costos en conectividad que su sostenimiento exigiría (cada punto de venta en el país tendría que estar conectado a la plataforma de RENIEC), fuera del cobro que seguramente RENIEC consideraría cobrar.
Más importante que esto, sin embargo, es el riesgo contra la seguridad ciudadana, por el hecho de crear una base de datos con un valor legal que no distingue entre abonado y usuario.
Esta falta de distinción implica el riesgo de que un ciudadano de bien sea tratado como un delincuente por el Poder Judicial, ante la eventualidad de que una línea móvil registrada a su nombre sea utilizada para fines criminales.
Existen casos internacionales que demuestran que, en escenarios donde la percepción y la realidad de la inseguridad ciudadana es preocupante (el caso de Perú hoy, según cifras oficiales), el costo asociado a este riesgo es mayor que su beneficio potencial.
Conclusiones: qué hacer
El RAP es costoso o ineficaz, de modo que queda razonar mejores herramientas para fortalecer la seguridad ciudadana.
Lo primero, por supuesto, es que el Estado ejecute la función con sus propios recursos e infraestructura, tema que escapa a nuestra especialidad pero en lo que –según indicios- hay bastante por hacer.
En lo que respecta específicamente a telecomunicaciones móviles, algo que sí beneficia a los abonados y a los usuarios en general, es una combinación de la obligación de los abonados a reportar el robo de sus equipos y, acto seguido, la obligación de los operadores móviles al bloqueo inmediato de dichas líneas (contando con una base de datos centralizada de equipos robados).
Debido a que este registro es alimentado por los abonados, no exigiría los costos asociados al RAP, aunque sí, con una inversión sustancialmente menor en magnitud y en tiempo de duración, de una campaña de difusión masiva emprendida por Osiptel, tomando en cuenta la ausencia de ese hábito incorporado en los abonados actualmente.
Esto ahorraría recursos al mismo tiempo que comprometería a todos los actores en el mercado, sería por tanto socialmente más rentable, y por ello más sostenible. Lo dejamos a consideración.
