Que en Perú carecemos de una política nacional de digitalización que se traduzca en servicios con alto impacto en el bienestar de los ciudadanos, no es ninguna novedad. Una simple comparación con Colombia o Chile (líderes sudamericanos en la materia) es bastante elocuente.
Los planes Agenda Digital Imagina Chile 2013-2020 (Chile) y Vive Digital 2014-2018 (Colombia) se traducen en programas y proyectos ejecutados por ministerios y gobiernos locales, que transforman en realidad sus objetivos y metas. Son planes nacionales de digitalización con brazos, además musculosos porque son respaldados por el propio Presidente de la República.
En Perú, eso no ocurre. Tenemos hasta 3 planes simultáneos, todos ellos sin brazos. Es decir, si se cumple alguno de los objetivos del Plan Nacional de Banda Ancha (2011, MTC), la Agenda Digital 2.0 (2011, PCM) o la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico (2013, ONGEI), es más por el impulso de cada una de estas identidades, que un resultado de una política nacional.
Por eso, mientras que la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) va encaminada gracias al liderazgo del MTC, es preocupante que no ocurra lo mismo con las redes móviles, pues su expansión depende de muchas instituciones que –en ausencia de un plan nacional de digitalización con brazos musculosos- no se sienten necesariamente inclinadas a favorecer un escenario que aleje al país de su actual atraso digital (baja calidad de banda ancha, limitado penetración de gobierno electrónico y servicios digitales).
Infraestructura de telecomunicaciones: punto de venta de los servicios digitales
Para quienes gestionan negocios de productos masivos (alimentos, bebidas, confecciones, servicios financieros), los puntos de venta son muy importantes porque permiten a sus potenciales clientes “tocar” el producto como paso previo a su decisión de compra. Esto explica la íntima relación de estos negocios con las más de 100 mil bodegas que existen en el país, por ejemplo.
Los servicios digitales son productos masivos, y las telecomunicaciones móviles (que casi todos llevamos en el bolsillo) son su principal punto de venta.
Por tanto, es inconcebible que Perú salga de su actual atraso digital sin antes contar con redes móviles robustas a nivel nacional, que complementen al gran esfuerzo que significa la RDNFO.
Fuente: Vive Digital (Colombia)
Incluso una iniciativa tan valiosa como la Red Nacional del Estado Peruano-REDNACE (capacidad de banda ancha reservada para mejorar la eficiencia de las entidades públicas en el país) corre peligro, pues es obvio que las herramientas digitales que los municipios, RENIEC, MIDIS o muchas otras entidades del Estado implementen en los próximos años deberán tomar la forma de aplicaciones móviles.
En ese sentido, mientras que la implementación de la RDNFO es liderada por el MTC, en el caso de las redes móviles es necesario crear un marco normativo que permita la alineación de responsabilidades entre las muchas entidades involucradas para facilitar su expansión.
Ley 30228 (julio 2014): aprobación automática de permisos municipales
Esta ley (Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones) busca simplificar la tramitología requerida para el despliegue de redes móviles, mediante la introducción de la figura de aprobación automática de los permisos municipales correspondientes.
Por supuesto, los municipios mantienen la potestad de supervisar que tal despliegue se ciña a la normativa multi-ministerial sobre emisión de radiaciones no ionizantes (Salud), desarrollo urbano (Vivienda), ecosistemas ambientales (Ambiente), redes viales (Transportes) y patrimonio cultural (Cultura) o histórico (Turismo) o condiciones para el funcionamiento de otros servicios públicos, como electricidad (Energía).
La aprobación automática es una buena salida, si consideramos que en los últimos años el principal freno ha provenido de la discrecionalidad con la que muchos municipios han limitado el despliegue de redes móviles (incluso algunos municipios promotores de servicios municipales digitales!).
Su efectividad depende ahora de sus normas complementarias, que según la propia ley dispone deberían estar listas antes de noviembre próximo.
¿Qué falta?
La ley contempla 2 normas complementarias: su propio reglamento y una disposición multi-ministerial, que definirán los procedimientos que los operadores móviles deberán seguir en el despliegue de sus redes, en términos generales (el reglamento) o específicos a cada sector (disposición multi-ministerial).
En tanto el reglamento compete a un único ministerio (MTC), prevemos que la adecuación del reglamento de la ley 29022 del año 2007 (predecesora de la ley 30228) a la nueva ley, no debería ser tan engorrosa.
El caso de la disposición multi-ministerial es más inquietante, pues exige no sólo que cada ministerio emita una posición, sino que exista plena coherencia entre tales posiciones.
Dado que la estructura del Estado Peruano no crea incentivos para la fluida coordinación inter-institucional (sino todo lo contrario), es crítico que MTC (en ausencia de un ministerio TIC) tome liderazgo para “evangelizar” a los ministerios en cuestión respecto a una visión de conjunto que, sin opacar la responsabilidad de cada uno, le permita cumplir con la suya propia: facilitar la aceleración en la expansión de redes móviles en el país, como condición sine qua non para que podamos salir del actual atraso digital.
De paso, esto podrá impulsar la demanda de conectividad en el país (ante una superior calidad de red), mejorar por tanto el impacto de los servicios digitales en nuestra calidad de vida, de paso mejorar el caso de negocio para el operador RDNFO y de las futuras redes dorsales regionales, y por tanto reducir el subsidio que FITEL debe otorgarles en los próximos años, cuyo financiamiento bien podría utilizarse para promover más proyectos digitales.
