Según la reciente Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones 2015 (ERESTEL 2015) del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), sólo 7 de las 24 regiones del país (considerando a Callao como parte de Lima Metropolitana) registran una penetración de internet en hogares superior a 60%. Todas estas regiones (además a Arequipa) se ubican predominantemente en la costa del país.
En el lado opuesto, 10 regiones en el país registran una penetración de internet en hogares menor a 40%, todas ellas ubicadas en la sierra o selva del país. Con una penetración menor a 20%, Huancavelica (18%) y Amazonas (20%) representan los casos más preocupantes.
Como punto de referencia sobre estos niveles de penetración de internet por hogares entre regiones, podemos utilizar una comparación respecto a los ingresos de la población en cada una de éstas. Para ello, tomamos la información disponible más reciente del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre el ingreso familiar para el año 2014.
Esta comparación nos permite observar que existe en promedio una correlación relevante entre ambos indicadores, aunque las regiones en la costa (con excepción de Moquegua) registran una penetración de internet por encima del nivel correspondiente a su ingreso familiar, mientras que con las regiones de la sierra y selva ocurre lo contrario, es decir, tienden a registrar un nivel de penetración por debajo del nivel correspondiente a su ingreso familiar.
Desde el punto de vista de la política pública de telecomunicaciones, esto despierta la interrogante respecto a cuál es la relación de causalidad que debemos buscar, es decir, que la penetración de internet sea una consecuencia del nivel de ingreso familiar (es decir, a mayor ingreso familiar un mayor nivel de penetración) o si podemos aspirar a que una mayor penetración de internet provoque mayores ingresos.
Aunque corresponde a entornos de mercado no del todo comparables, la profusa evidencia internacional respecto al impacto del crecimiento en la penetración de internet en el crecimiento económico sugeriría que existe un espacio relevante para una política pública basada en este enfoque.
A nuestro entender, esto justifica los USD 1 400 millones de financiamiento comprometido del Estado en proyectos de cobertura universal de telecomunicaciones en el período 1998-2016 (a través de FITEL), los USD 1 mil millones adicionales formulados por FITEL correspondientes a 13 redes regionales de fibra óptica pendientes de entrega en concesión en el gobierno entrante del presidente Kuczynski, y un financiamiento estimado de USD 1 mil millones adicionales para la cobertura de 30 mil localidades (2,5 millones de peruanos) en las 3 regiones de la selva y 30 mil localidades con una población menor a 300 habitantes no consideradas en el proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.
Para un análisis detallado de las políticas de cobertura universal de telecomunicaciones en Perú durante los últimos 20 años, ver informe aquí.
