COVID-19 en Perú: prohibición de suspender servicios telecom no es necesaria ni equilibrada, según expertos
DPL News

28/Mar/2020|Prensa, Web|

Especialistas del sector telecomunicaciones comparten el fondo de la medida aprobada en Perú, pero ven premura, piden consenso y compresión de la realidad del mercado. Que la medida se extienda a todos los usuarios podría dificultar a las empresas asumir sus costos salariales y de mantenimiento de la infraestructura.

Pocos días después de que Perú declarara la emergencia nacional por la expansión del COVID-19, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) emitió una norma donde  prohibió la suspensión de los servicios de los operadores por falta de pago. Según especialistas consultados por DPL News, la medida no es equilibrada para la industria, y el perjuicio para las empresas de telecomunicaciones podría ser grande.

Manuel Cipriano, consultor en telecomunicaciones y exdirector del Osiptel, aseguró que “dada la situación de emergencia es razonable la medida, pero los alcances, involucrando a todos los usuarios, no son justificables”. Cipriano entiende que al haber sido el Osiptel uno de los primeros reguladores en dictar medidas por la coyuntura del coronavirus, “por la premura se dio de manera muy general”.

El especialista recalca que el regulador confirmó que el tráfico de datos creció hasta 21 por ciento, apalancado por el uso de aplicaciones de video y redes sociales, no tanto para fines educativos o de salud. También agregó que no hubo una congruencia en las medidas, porque por un lado obliga a los operadores a no suspender el servicio, para que el usuario esté conectado, pero por el otro pide que se haga un uso responsable de las redes.

Desde que se instaló la norma excepcional, sólo 40 por ciento de los usuarios cumplió con el pago del servicio, y si se mantiene, el perjuicio para las empresas será importante, según Cipriano. “Hoy se necesitan las redes, y éstas se mantienen con el pago de los usuarios”.

Carlos Huamán Tomecich, CEO de DN Consultores, recalcó que en la iniciativa hubo “una falta de comprensión de la realidad completa del mercado (…). Creemos que no ha sido la mejor decisión, dado que la situación es incierta e inédita, lo mejor es que esto haya sido logrado a través de un consenso con los actores del mercado. Esta suspensión como tal genera un desequilibro en el mercado porque no hay ningún criterio complementario para equilibrar la suspensión o no hay definición de qué forma se va a tomar la recuperación de la sostenibilidad del operador”, sostuvo el especialista, quien remarcó que la decisión no fue consensuada con la industria.

En este sentido, Sonia Agnese, analista senior para América Latina de Omdia (antes Ovum), consideró que la decisión del Osiptel “no es una medida positiva (…). Hay que ayudar a aquellos que lo necesitan y los que lo puedan pagar que lo hagan, porque las empresas tienen que seguir pagando sus sueldos y manteniendo la infraestructura.”

“Desde el gobierno central deben entender que las empresas tienen que seguir avanzando y que hoy más que nunca es fundamental la conectividad. Y las obligaciones que tienen son muy grandes. Por eso es necesario alguna forma de compensar esta recaudación que no van a tener”, sostuvo.

Más que criticar la medida, para Gonzalo Ruiz Díaz, expresidente del Directorio del Osiptel, la decisión debería complementarse con otra a favor de los operadores, quizás un fondo que cree el Estado que permita a las empresas paliar los problemas de liquidez que tendrán por la morosidad en los pagos de los servicios. “Deberían incluir una política pública para cubrir el déficit hasta que la situación se normalice. El Estado debe promover la sostenibilidad de los servicios públicos”, afirmó.

Agregó que esta norma se suma a que los ingresos de los operadores se están reduciendo por la cuarentena, ya que el consumo de servicios móviles está bajando porque la gente no sale a la calle.

Otros países tomaron medidas similares, pero más acotadas. Por ejemplo, Argentina lo hizo a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia del Presidente y abarca sólo a los usuarios de bajos recursos y beneficiarios de planes sociales. En Colombia, los operadores darán un plazo de 30 días extras a los clientes pospago en mora para ponerse al día con el pago de sus facturas.

Los especialistas coincidieron en que el Osiptel debería hacer precisiones para segmentar el tipo de público que alcance la medida. Más aún, con la extensión del confinamiento dictado este jueves por el gobierno. “La norma de suspensión es mientras dure el estado de emergencia, no sabemos cómo va a ser en adelante el criterio, además el impacto económico no se agota cuando termina el estado de emergencia”, afirmó Carlos Huamán Tomecich.

Artículo original publicado por Dpl news (27/mar/2020)