El sueño de llevar Internet de bajo costo al interior del país y reducir la brecha digital tomó forma en el 2012, cuando se diseñó el proyecto de la red dorsal de fibra óptica. En el 2014 se firmó el contrato de concesión con Azteca bajo la modalidad de una APP (asociación público-privada). La red estuvo lista en el 2016, pero desde entonces está siendo subutilizada, pues tiene una tarifa más alta (US$23 más IGV por mega) que la media del mercado (US$15).

Luis Montes, ex director ejecutivo de Fitel, comentó que, en aquel entonces, ningún operador privado veía rentable invertir en el interior: solo la costa tenía Internet. El Estado decidió intervenir con una subvención. Se trataba de una obra financiada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pero que podría generar ingresos al vender el servicio de transporte de datos. Fitel, aclaró, no propuso la tarifa fija (US$23), sino que fue presentada por el MEF y supervisada por Osiptel. Fitel propuso el cobro por volumen, tal como suele aplicarse al transporte de datos.

El problema hoy, coinciden los consultores del sector, es que la realidad del mercado es distinta: hay en promedio seis operadores privados en más del 54% de las zonas por donde circula la dorsal. Las condiciones en las que se diseñó el contrato están desfasadas.

El MTC y Azteca se plantearon modificar el contrato desde inicios del 2017. En febrero del 2018, Osiptel les recomendó un cambio en la forma de cobro: ya no usar una tarifa fija, sino una flexible, con un tope de US$23. El MTC decidió este mes incorporar dicha solución como una adenda al contrato y está esperando la respuesta de Azteca.

Nadia Villegas, directora general de Concesiones en Comunicaciones del MTC, comentó que el tema fue evaluado por diversos consultores económicos especializados en asociaciones público-privadas y que, “ante la falta de una propuesta concreta por parte de la empresa”, optaron por la adenda.

REPARO DE FONDOS

“Estar discutiendo qué hacer con la red es el mejor de los problemas, peor sería no tenerla”, opinó Alfredo Astudillo, consultor del sector que asesoró al MTC y al MEF los últimos dos años. A su entender, la solución no es simple, pero no basta con bajar los precios.

Carlos Huamán, CEO de DN Consultores, estimó que convertir la tarifa en flexible no hará a la dorsal rentable, porque los competidores privados serán más ágiles. La solución, opinó, es dejar de drenar los subsidios del país en las zonas donde no se requiere la intervención del Estado. Solo las zonas donde no hay competencia deberían gozar de un subsidio, acotó.

Los operadores que compiten con Azteca no están de acuerdo con la adenda, pues se le estaría dando una ventaja (gozan de subvención) anticonstitucional. Esto podría ser observado por contraloría o pasar un proceso de invalidez por la vía judicial, dijeron.

Si se firma la adenda, estamos ante un “paliativo” que solo dilatará la solución real al problema, que es llevar Internet a las zonas alejadas, donde los privados no llegan, comentó Astudillo. “El 2016 ya había un Perú completamente diferente. El mercado es otro y urge replantear todo el modelo de la red dorsal”, enfatizó.

Coincide Montes, quien recalcó que se necesitan redefinir las estrategias para crear un nuevo modelo acorde con el nuevo escenario. Lo primero, dijo, es definir como Estado una visión estratégica y luego estudiar, oyendo a todos los actores, la mejor forma de lograrlo. “Esto va más allá de las tarifas”, comentó. Crear una mesa de trabajo multisectorial que escuche a todos los implicados, desde congresistas hasta consumidores, sería un buen primer paso, finalizó Astudillo.

CONFLICTO DE INTERESES

Cuestionamientos adicionales La posible pronta firma de una adenda al contrato con Azteca podría tener un conflicto de intereses. La actual viceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa, era gerenta en Azteca en el 2014 y firmó el referido contrato. Ahora a ella le correspondería, en teoría, firmar por el Estado, lo cual genera un conflicto ético que podría ser usado políticamente de forma contraproducente, advierte Astudillo.

Fuentes del MTC informaron que Nakagawa firmó una inhibición para el tema en abril, tres meses después de asumir el cargo. En enero sí se reunió con representantes de Azteca para tratar la materia y se mantuvo al tanto de todos los avances, agregaron.

Artículo original publicado por El Comercio p.22