Estatización light en el sector de telecomunicaciones
Semana Económica

21/Ago/2022|Prensa|

El Estado quedó a cargo del proyecto de masificación de Internet más importante del país, la red dorsal; y estaría buscando tener mayor presencia en el sector, opina Carlos Huamán Tomecich, director ejecutivo de DN Consultores.

Nota original publicada en Semana Económica
Por Alessandra Saavedra
20 de agosto de 2022

El Estado está ganando más presencia en el sector telecomunicaciones. Luego de dos procesos fallidos para elegir al operador temporal de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica —a pesar de tener empresas calificadas en la última convocatoria—, desde junio su operación y mantenimiento quedó a cargo del Pronatel, entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Por más de 20 años Pronatel ha acumulado experiencia en formular o supervisar proyectos, pero no en gestionarlos, lo cual acarrea un riesgo sobre la eficiencia operativa o el deterioro de una red que costó US$300 millones al Estado, y que no es posible resolver mediante la contratación de un ejército de profesionales enfrentados a un marco institucional orientado mucho más a cumplir procedimientos que objetivos.

Este retorno en la práctica de la presencia empresarial del Estado en el sector telecomunicaciones por primera vez en casi 30 años viene de la mano con el total desinterés o desconocimiento del gobierno actual sobre el rol de la inversión privada para responder frente al crecimiento exponencial del consumo digital. A pesar de que gracias a los operadores privados el porcentaje de hogares rurales con acceso a Internet creció de 38% a 69% en los últimos cinco años, según Osiptel. Incluso el MTC excluyó por completo al sector privado del grupo de trabajo recién creado para formular una nueva política nacional de telecomunicaciones que debiera servir para actualizar los lineamientos de desarrollo trazados allá por el año 2007.

En vez de promover una creciente presencia del Estado en el sector, y que difícilmente está en capacidad de responder ante la evolución incesante de las tecnologías y los servicios, el MTC debe sacar adelante la licitación 4G postergada meses atrás y, sobre todo, la del 5G, para no quedar rezagados respecto a los otros países de la región. También le corresponde frenar la próxima aplicación de la velocidad mínima garantizada de 70%, pues es una grave fuente de sobrecostos en contra de la expansión de cobertura y, por último, fortalecer los incentivos para el despliegue de infraestructura.

A menos, claro, que la intención sea sostener un bien disimulado proceso de estatización light en el sector.