El Poder Legislativo se atribuyó funciones de regulador con la aprobación de la ley para fijar una tarifa tope de reconexión de servicios de telecomunicación. No es la primera vez que lo hace, pero sí la primera que controla precios en un mercado donde existe competencia.

Nota original publicada en Semana Económica
Por Alessandra Saavedra
15 de mayo de 2022

 

El Congreso de la República ha excedido sus funciones al actuar como regulador en el mercado de telecomunicaciones. La reciente aprobación de una ley que apunta a fijar una tarifa tope de reconexión de los servicios de telefonía fija, móvil, Internet y TV de Paga distorsiona las funciones del Osiptel y sienta un precedente legislativo para la regulación de otras tarifas de cualquier industria, advierten especialistas.

El Congreso se está comportando como un regulador al imponer un control indirecto de precios. “Es un control indirecto porque le está encargando al Osiptel que fije una tarifa”, recalca Gonzalo Ruiz Díaz, economista asociado de Macroconsult y expresidente del Osiptel, quien considera que los congresistas no han desarrollado un sustento para aumentar la regulación en un mercado que no lo necesita. “No requiere ser sobrerregulado porque las condiciones de competencia ya están funcionando”, coincide Carlos Huamán, director ejecutivo de DN Consultores. Prueba ello es la reconfiguración del mercado móvil y fijo en los últimos años: Telefónica ya no tiene los niveles de participación de antes; mientras que los nuevos jugadores han ganado más terreno (ver gráfico).

Esta función regulatoria incluso distorsiona las de Osiptel “porque fuerza al regulador a hacer algo que debería decidir por sí mismo”, explica María del Rosario Quiroga, abogada del estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados. “Debería fortalecer al regulador, pero no sustituir su función”, agrega Ruiz Díaz. La regulación de tarifas ya son parte de las funciones del Osiptel, el cual la ejerce en casos como en los cargos de interconexión entre empresas. “La regulación la hace el regulador porque tienen autonomía técnica e institucional”, sostiene Juan Pacheco, gerente general de Afin. “El Osiptel tiene a los mejores técnicos, deberíamos aprovecharlos para tener una regulación más racional”, agrega Ruiz Díaz. También distrae los recursos del regulador. “Osiptel tiene un presupuesto acotado y ahora debe dedicar recursos a la fijación de una tarifa tope que no tiene sentido”, resalta Huamán.

Este no es el único caso en el que el Congreso actúa como regulador y aprueba iniciativas fuera de su competencia. El año pasado aprobó la ley que garantiza una velocidad mínima de Internet del 70%, a pesar de que el mismo regulador se había pronunciado en contra. Esta ley ha tenido un efecto perverso y está afectando el despliegue de infraestructura en zonas rurales. La ley que fija una tarifa tope de reconexión también impactaría al sector, pero no a gran escala. “Haría que la tarifa de reconexión ya no sea un desincentivo de la morosidad. También podría desincentivar a los operadores de invertir para hacer más eficientes sus procesos, ya que tendrían el riesgo de no poder capitalizar esa eficiencia”, cuenta José Miguel Porto, socio senior de Porto Legal. A esto se suman otros proyectos de ley en el Congreso. “Tenemos una avalancha de iniciativas legislativas que van en el sentido contrario al desarrollo de la industria en general y el aumento de la conectividad”, advierte Pacheco, de Afin.

Sin embargo, la ley que aprobaron la semana pasada —con 78 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones— es la primera que establece indirectamente la regulación de tarifas, lo que se podría interpretar como un precedente para que el Poder Legislativo regule otras tarifas. “Sí es peligroso que hayan considerado que tienen la facultad para hacer esto”, dice Quiroga, del estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados. “Pueden llegar a regular la tarifa final”, advierte José Carlos Gonzales, socio de Diez Canseco Abogados. O incluso extender la regulación a otros sectores. “Tras la aprobación de esta ley no hay nada que le impide controlar precios en mercados donde hay competencia, ya sea por razones políticas o populistas”, señala Robert Venero, socio de Diez Canseco Abogados.